Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo. Foto: Archivo

Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci fueron, sin lugar a dudas, dos sobresalientes y excepcionales dirigentes políticos revolucionarios marxistas del movimiento europeo de la primera mitad del siglo pasado, que dedicaron sus energías vitales a luchar y promover la revolución socialista en Alemania e Italia. Y, que, también, se esforzaron por pensar de manera creadora y original de nuevo, las condiciones necesarias que deben cumplir siempre los revolucionarios, para lograr el triunfo de esa revolución. Y, al hacerlo, rectificaron, tal vez, sin quererlo, algunas ideas básicas expuestas por Marx sobre el significado de las llamadas «libertades burguesas» en las sociedades modernas, y, sobre la primacía de la base económica con respecto a la superestructura política y cultural, dándole a esta, un papel igualmente importante, e incluso mayor, en la configuración de las relaciones sociales.

En efecto, Rosa Luxemburgo, desconociendo la crítica que había hecho Marx a las libertades políticas consagradas normativamente por los Estados modernos, al sostener que eran puros medios que usa la burguesía, para afianzar dominio político sobre los trabajadores, y, el conjunto de la sociedad, reclamó con claridad, la necesidad del partido revolucionario de reconocer el derecho, que, deben tener todos los miembros de la nueva sociedad en proceso de construcción, inclusive de los que no son integrantes del partido, o, de los que tienen opiniones críticas diferentes a la de sus dirigentes, de expresarse libremente en el espacio público de la sociedad. El derecho a la libertad de expresión es un derecho esencial que el partido debe garantizar a todos. Dice Luxemburgo:

“Solo la vida sin obstáculos, efervescente, lleva a miles de formas nuevas e improvisaciones, saca a la luz la fuerza creadora, corrige por su cuenta todos los intentos equivocados. La vida pública de los países con libertad limitada está tan gobernada por la pobreza, es tan miserable, tan rígida, tan estéril, precisamente porque, al excluirse la democracia, se cierran las fuentes vivas de toda riqueza y progreso espiritual. (…). Toda la masa del pueblo debe participar. De otra manera, el socialismo será decretado desde unos cuantos escritorios oficiales por una docena de intelectuales”.

Y, más adelante, escribió su famosa y profunda frase en la que resume su concepción: “La libertad solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido (por numeroso que este sea) no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente”.

Rosa Luxemburgo, entonces, estuvo profundamente convencida de que el nuevo orden socialista solo se puede construir, con validez y justicia, si los dirigentes políticos revolucionarios que lo promueven, aceptan, sin límites, que todos los miembros de la sociedad puedan expresar libremente sus opiniones en el espacio público, es decir, si reconocen que la libertad de todos, hace parte de manera consustancial, de la nueva sociedad socialista. Y, si, al contrario, no reconocen o aceptan esta libertad, este nuevo orden social no solo negará la esencia humana del proyecto socialista, sino también, carecerá de la legitimidad necesaria que le permita mantenerse y renovarse con el paso del tiempo, como efectivamente ocurrió, con el modelo de socialismo que los bolcheviques construyeron en la Unión Soviética, y, que, fue adoptado después por los dirigentes revolucionarios de los países de Europa del Este, después de la Segunda Guerra Mundial. El derrumbe y desintegración de este modelo de socialismo, después, de la caída del muro de Berlín en 1989, puso de presente de nuevo el valor de esta comprensión de Rosa Luxemburgo de las sociedades socialistas, como sociedades que deben estar fundadas no solo en el principio de la justicia social, sino también, en el de la libertad.

Ciertamente, es una empresa muy difícil, por no decir, imposible, organizar una sociedad socialista, sin propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sin la existencia de empresarios privados, en la que sus normas constitucionales reconozcan el derecho a la libertad, como un derecho inalienable de todos, debido a que uno de los aspectos básicos de la libertad de todo ser humano en el mundo moderno, es el de poder comprar y vender bienes económicos no solo para el consumo personal, sino también, para usarlos en producir otros, es decir, para convertirlos en medios de producción. Pues, la libertad no es solo el derecho que todos le reconocen a cada uno de expresar en público sus opiniones e ideas sobre algo del mundo o la realidad, como sostiene Rosa Luxemburgo. Es también el derecho que se les reconoce de usar los bienes, que adquieren en el mercado, para fabricar otros bienes o mercancías que pueden, a su vez, vender en ese mercado. De ahí, que, entre el derecho a la libertad consagrado normativamente, y, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción existe una cierta incompatibilidad. Si existe libertad no puede dejar de existir la propiedad privada, como lo señaló con razón, el filósofo inglés John Locke, en su libro Cartas sobre la tolerancia. Y, si se elimina la propiedad privada en una sociedad, necesariamente este hecho conduce a una abolición o, por lo menos, a una restricción del derecho a la libertad de sus miembros. 

Ahora bien, la existencia del derecho de libertad de expresión para todos y cada uno de los miembros de una sociedad socialista sin propiedad privada sobre los medios de producción, como la concibe Rosa Luxemburgo, encierra una segunda dificultad, la de que no todos los miembros de esa sociedad, ni siquiera del proletariado, tendrán y expresarán necesariamente la misma opinión sobre la falta de propiedad privada sobre los medios de producción. Habrá siempre un grupo personas que opinarán, que es necesario su restablecimiento en razón de la libertad que las normas constitucionales del Estado reconocen. Y, además, a que, si bien es indudable que los propietarios privados de los medios de producción pueden obtener una significativa riqueza usándolos, también pueden contribuir, de modo igualmente significativo, al incremento de la riqueza de toda la sociedad, y, al aumento de los puestos de trabajo.

Estos argumentos a favor de la propiedad privada expuestos por este grupo de personas en el escenario público, al tener un carácter razonable, al ser buenos argumentos, comenzarán a ganar terreno en el seno de esa sociedad, es decir, comenzarán a ser aceptados y compartidos por otros.  Por eso, la existencia de la libertad de opinión en una sociedad socialista sería un factor muy poderoso, que, con el paso del tiempo, pondría en cuestión el fundamento esencial y básico de esa sociedad.    

Rosa Luxemburgo, no percibió este “riesgo” que entraña la libertad de expresión en una sociedad socialista, porque tal vez no tuvo tiempo, para percibirlo. Murió, asesinada en 1919, pocos meses después de haber escrito este texto, a manos de la milicia nacionalista los “Los Cuerpos Libres” encargados de sofocar el nuevo levantamiento revolucionario de los obreros –levantamiento con cual Rosa Luxemburgo no estuvo de acuerdo–, y, que operaba a la sombra del gobierno socialdemócrata alemán, dirigido por Friedrich Erbert. Pero, a pesar de no haberlo percibido y comprendido, el hecho de haber declarado la necesidad de garantizar la libertad de expresión de todos en una sociedad socialista, fue un acierto y un mérito indudable de su pensamiento. 

Y, por su parte, Antonio Gramsci, se empeñó, en sus famosos Cuadernos de la cárcel, que escribió en la prisión de Turín, a la que fue confinado desde 1929 hasta su muerte en 1937, por el régimen fascista de Mussolini, y, agobiado por diversas y graves enfermedades, en mostrar que el triunfo, y, sobre todo, el éxito, de la revolución socialista solo es posible si el proletariado, con ayuda del partido marxista, que lo denominó “el intelectual orgánico” de la clase obrera, construye, primero, en el seno de la sociedad civil capitalista, su propia hegemonía. Para él, la primera y principal batalla política que tiene que librar el proletariado es la batalla por alcanzar su hegemonía cultural en la sociedad. Esto significa, que la clase obrera, y, su partido, tienen que lograr, en un proceso largo, complejo y difícil, que llama “una guerra de posiciones”, llegar a dirigir al resto de la sociedad hacia una “reforma intelectual y moral” del universo cultural existente. O, lo que es lo mismo, lograr cambiar en la mente, de por lo menos una gran parte de la sociedad, las ideas y nociones, que tienen sobre el mundo y la vida social, por aquellas propias de la clase obrera, en las que prevalece la idea o imagen de una sociedad socialista libre de la propiedad privada sobre los medios de producción, en la que desaparezca la explotación del por el hombre, y, donde sea posible la verdadera igualdad social entre ellos.

De ahí, que la tarea primordial del proletariado, y, su partido como “intelectual orgánico”, sea convencer al resto de los miembros de la sociedad, de la validez universal de esta idea-propósito, sin ejercer ninguna forma de coacción. Si los convence, forjará, entonces, un gran consenso en la sociedad, que será el fundamento o la condición necesaria, para avanzar hacia la toma del poder del Estado, y, comenzar a construir ese orden socialista.

Por eso, para él, los revolucionarios italianos, y, general, de todos los países occidentales, antes de emprender el asalto al poder del Estado, como lo hicieron los bolcheviques en Rusia en 1917, tienen que construir la hegemonía cultural de la clase obrera que les dé el derecho legítimo de dirigir a la mayoría de la sociedad por el camino de construir el nuevo orden socialista. Idea, que Gramsci sinterizó en sus notas sobre Maquiavelo, que hacen parte de sus Cuadernos de la cárcel, diciendo: “Para el proletariado la conquista del poder no puede consistir simplemente en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático-militar) sino también y previamente en la conquista de las masas”. Por eso, solo si el partido revolucionario cumple esta condición fundamental podrá no solo adquirir el derecho legítimo de dirigir a todos por el camino de la revolución sino, además, se darán a sí mismos la posibilidad real de realizarla con éxito.

Aquí, Gramsci cree, como Rosa Luxemburgo, sin razón, que esta empresa del proletariado de alcanzar la hegemonía cultural en la sociedad burguesa es posible, porque el contenido ideal de una sociedad socialista sin propiedad privada de medios de producción, puede ser materia de consenso social, o por lo menos, pueda ser aceptado, por una gran parte de la sociedad. Sin embargo, esta pretensión, a pesar de la forma democrática valiosa que encierra, es equívoca y errónea, porque los hombres modernos conscientes del derecho que tienen a ser libres, no aceptan, como no han aceptado en el curso de la historia desde los tiempos de Gramsci, el sacrificio del aspecto de su libertad de poder emplear los bienes y mercancías, que compran en el mercado, para fabricar otros bienes o mercancías.

Pues, para que el partido, como intelectual orgánico, pueda convencer a la mayoría de miembros de la sociedad de la validez, de la verdad o corrección normativa, de esta idea-propósito, tiene que participar activamente en un proceso de diálogo con ellos, en el cual muchos de esos participantes, expresarán su desacuerdo con esa idea precisamente, porque consideran que el derecho a la propiedad privada, hace parte del derecho a la libertad, que los Estados modernos reconocen normativamente. De tal manera, que, la posibilidad de alcanzar un consenso en la sociedad alrededor de esta idea resulta altamente improbable, por no decir, inalcanzable.

Sin embargo, a pesar de este defecto o equívoco fundamental, la idea o el concepto de hegemonía elaborada por él es útil y fecunda para captar, analizar y comprender precisamente aspectos significados de las sociedades modernas, como, por ejemplo, la batalla que libran los diversos sectores sociales para logar convencer a la mayoría, o una gran parte, del resto de la sociedad de la validez cognoscitiva, de la rectitud normativa o del carácter justo de la idea-proyecto que les plantean. O, la batalla que libran a diario diversos sectores o grupos sociales y políticos, empleando los medios de comunicación tradicionales o alternativos, y, sobre todo, los digitales actuales, exponiendo y explicando sus ideas y proyectos de un nuevo orden social fundado en la justicia social. Y, también, exponiéndolos en los discursos públicos que pronuncian, en el contenido de las labores pedagógicas de escuelas y universidades que realizan, etcétera, para hacerlos prevalecer en la mente de muchos. Esta es una batalla con la que podrían lograr la hegemonía o predominio sociocultural de este idea-proyecto, debido precisamente al valor normativo y ético que entraña.

El grupo o sector sociopolítico que logre que una idea-propósito valioso, una idea que tenga valor universal, se convierta culturalmente hegemónica en la sociedad, tendrá, entonces, la posibilidad real y efectiva, de preservar el poder político del Estado, o, de alcanzarlo, ganando la contienda electoral. Y, con estos medios estatales de poder en sus manos, estos sectores sociopolíticos podrán realizar esa idea, podrán ordenar la realidad económica y sociopolítica en función de su contenido. 

El sociólogo francés Pierre Bourdieu, acuñó después, en el curso de los años 70 del siglo pasado, el concepto de “Violencia simbólica”, que definió como “Todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”. Algunos comentaristas e intérpretes han considerado como semejante o cercano a este de “Hegemonía cultural” de Gramsci, que acabamos de comentar.

Sin embargo, en realidad, la semejanza es puramente aparente, porque, la hegemonía cultural excluye, como acabamos de mostrar, el uso de la fuerza física o violencia. Su fuerza radica, solo en la capacidad que tengan sus intelectuales orgánicos de convencer a los demás miembros de la sociedad, de su validez. Esta fuerza de persuasión, entonces, no se puede aceptar como una “violencia simbólica”, porque precisamente, carece de violencia. Por esa razón, el valor de este concepto gramsciano radica, no solo en que capta una parte concreta de las relaciones sociales en las sociedades modernas capitalistas, como ya dijimos, sino también, en que nos muestra que existe una forma de poder especial, que es universalmente válido y legítimo, el que brota de la actividad de persuadir, que llevan a cabo unos miembros de la sociedad sobre otros, de una idea que consideran verdadera o correcta. Actividad, que es tal, porque precisamente la realizan sin violencia o sin coacción, usando solo los recursos y medios del lenguaje para exponerla y explicarla. Aunque Gramsci, no lo expresó, ni reconoció así, podemos, sin embargo, deducir que el concepto de “Hegemonía cultural” que elaboró, se funda en el único poder universalmente legítimo que tienen los seres humanos, el poder que les da el uso libre del lenguaje.