Con 31 años, y sin experiencia previa en la administración pública, Soledad Núñez fue nombrada como secretaria nacional de la Vivienda y el Hábitat en Paraguay. Esa institución era una de las más corruptas e ineficientes de ese país. Al final de sus tres años y medio en el cargo, entregó un total de 30,000 viviendas y dejó 7,000 casi listas. El promedio de gobiernos anteriores era de 3,000, en un período de cinco años.
La historia de éxito de la Ingeniera Núñez es un caso de estudio de la escuela de gobierno de Oxford. Además, es ampliamente considerado como una demostración de la efectividad de la implementación de políticas públicas basadas en evidencia, aparejado con un liderazgo efectivo.
Algo que la propia exsecretaria reconoce como una de las claves de su éxito son las victorias tempranas. Núñez asumió en octubre, y uno de sus compromisos iniciales fue de entregar 1,000 viviendas antes de Navidad (lo cual cumplió). Esa victoria temprana le ganó la legitimidad para hacer las transformaciones que sus ambiciosas metas exigían, incluyendo el poder encarar a las poderosas redes de corrupción enquistadas en la institución.
¿Cuáles son las victorias tempranas de la administración de Arévalo? Podríamos citar como ejemplos las victorias políticas de la bancada del partido oficial en el Congreso, o la mejora de los procesos de compras de medicamentos en el Ministerio de Salud. Estas son circunstancias que, por sí solas, no nos dicen mucho sobre el balance de un año de gobierno. Pero quizás lo más importante es que no le dicen mucho a la ciudadanía que no sigue el día a día de la política de este país. Lo valioso de las victorias tempranas a las que Núñez hace alusión es que sean percibidas por la población en su cotidianeidad. Esto, obviamente, es más fácil decirlo que hacerlo. Una administración pública osificada por años de abandono, un personal desmoralizado o sin formación, una serie de reglas anacrónicas, y la amenaza constante de persecución política son algunos de los obstáculos que este gobierno debe navegar.
Una evaluación rigurosa del primer año de gobierno tendría que enfocarse en cada uno de los ministerios y secretarías, y comparar el desempeño respecto de indicadores de años anteriores. Por ejemplo, el gobierno reporta 1,213 km de caminos rurales atendidos y mejorados. Esta es un progreso sensible, si lo comparamos con la tendencia de los últimos ocho años. No obstante, es difícil realizar una apreciación seria de todas las agencias de gobierno en el corto espacio de una columna de opinión.
Me encantaría haber comenzado esta entrada con algunos datos cuantitativos sobre los principales logros del ejecutivo, ya finalizado su primer año de gestión. En efecto, podría haber realizado solicitudes de acceso a la información a sendos ministerios, tabularla y sistematizarla, pero quizás hubiese sido bueno que el gobierno de Guatemala tuviera alguna compilación o repositorio de sus principales logros o indicadores. Esto permitiría combatir la desinformación y ese sentimiento de buena parte de la población (la misma que no sigue el día a día de los asuntos públicos) de que el gobierno “no ha hecho nada”.
En cualquier caso, la posición del ejecutivo no es para nada envidiable. Tomar posesión en enero fue un logro en sí mismo. Sobrevivir al sistemático acoso judicial no es menor cosa. Lo mismo se podría decir de la bancada oficial; a pesar de estar en una posición extremadamente desfavorable, han logrado aprobar importantes iniciativas, como la Ley para la Atención Integral del Cáncer, o la Ley de Competencia.
Dicho esto, varios analistas apuntan a una falta de coordinación entre el ejecutivo y la bancada oficial. No pareciera haber una agenda legislativa de mediano o largo plazo con objetivos programáticos claramente identificables.
Pero quizás dos de los resultados más fatídicos de esta falta de coordinación son el saldo final de la elección de cortes y la permanencia de Consuelo Porras en el cargo. Estos son dos errores que se pagarán en lágrimas, pues garantizan que las detenciones arbitrarias, allanamientos, y acoso judicial en contra del ejecutivo, la bancada, y cualquiera que se le perciba como su aliado no cesarán. Más allá de la tragedia humana, este es y será un problema de gobernabilidad. Es razonable pensar que las personas que integran el gabinete —y sus respectivos equipos— no tienen intención de convertirse en mártires, y, por lo tanto, su aversión al riesgo será alta.
El tiempo apremia. Estos tres (o menos) años restantes se irán en un suspiro. La principal preocupación que debemos tener como sociedad es que las convicciones democráticas del presidente Arévalo —por admirables e indiscutibles que sean— solo sirvan para confirmarle a la ciudadanía que la democracia no sirve. El reto titánico de este gobierno es demostrar, como lo hizo Soledad Núñez, que se pueden transformar radicalmente instituciones con políticas públicas basadas en evidencia, el ingenio, la razón y la innovación, y quizás, lo más importante, sin autoritarismo.
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