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Durante buena parte del siglo XX, la expansión del libre comercio se presentó como un camino inevitable, técnico y neutral. La política, nos decían, tenía que apartarse para dejar que las fuerzas del mercado hicieran su trabajo. Pero como advertía Karl Polanyi, todo intento de desanclar la economía de la sociedad está condenado al conflicto. Hoy, los acuerdos comerciales han dejado de ser instrumentos discretos de integración económica para convertirse en terrenos de disputa abierta, donde se juegan el poder presidencial, la soberanía nacional y la desigualdad global. Lejos de ser meros tratados arancelarios, son ahora campos de batalla donde regresa la política —con toda su carga ideológica y conflictiva— al centro de lo económico.

El reciente caos provocado por la política arancelaria de Donald Trump ilustra bien este cambio. Los tratados comerciales ya no se negocian en voz baja entre tecnócratas. Son tuits presidenciales, conferencias de prensa, amenazas públicas.

Hay un componente cultural en este retorno de la política al comercio. La globalización, que durante décadas prometió prosperidad para todos, ha dejado un reguero de malestar. Y como señaló Wendy Brown, cuando las personas pierden poder sobre sus vidas económicas, muchas veces lo buscan en formas de afirmación identitaria. Así, el comercio exterior ya no se discute solo en términos de exportaciones o inversión extranjera, sino como una amenaza o un símbolo. Una fábrica que se cierra se vuelve un gesto de traición nacional; un arancel se convierte en un acto de defensa cultural.

Lo más inquietante es que, pese a esta visibilización del conflicto, los mecanismos para gobernar el comercio siguen siendo opacos y asimétricos. Como bien señaló Gramsci, el poder se reproduce no solo en las instituciones, sino también en lo que se da por sentado. Y durante demasiado tiempo, se ha dado por sentado que las reglas del comercio internacional son inevitables, naturales, técnicas. Pero ¿quién decide esas reglas? ¿A quién benefician?

En el caso centroamericano, las consecuencias son evidentes. Las economías de la región han sido empujadas a especializarse en exportaciones de bajo valor agregado mientras importan productos agrícolas subsidiados. Esto no solo desmantela la producción local y encarece la vida cotidiana, sino que produce una dependencia estructural difícil de revertir. Lo que se presenta como “integración” muchas veces es una subordinación disfrazada de modernización.

Los tratados de libre comercio no solo organizan los flujos de bienes y servicios: organizan también la desigualdad. Establecen jerarquías entre países productores y países consumidores, entre industrias protegidas y sectores sacrificables, entre vidas que cuentan y vidas que se pueden prescindir. En ese orden desigual, Centroamérica aparece muchas veces como zona de paso, como espacio funcional a las cadenas de valor del norte, pero no como sujeto de soberanía económica ni de desarrollo con dignidad.

No se trata de rechazar el comercio internacional. Se trata de politizarlo de nuevo. De reconocer que no hay tratados neutros ni mercados apolíticos. Que el comercio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que puede utilizarse para redistribuir riqueza, garantizar derechos laborales o fortalecer la autonomía económica. Pero para eso, hay que reconocer que todo acuerdo comercial es también un pacto cultural: sobre qué se valora, qué se protege, y qué se sacrifica.

Como toda arquitectura institucional, el comercio internacional refleja un orden de poder. Si no lo cuestionamos, si no lo disputamos, ese orden seguirá profundizando las brechas que ya existen. La desigualdad no es un efecto colateral del sistema: es su resultado lógico. Y si queremos otro resultado, no basta con pedirle al mercado que se autorregule. Hay que disputarle el sentido.

Cuando los tecnócratas hablaban de libre comercio, decían que no tenía ideología. Hoy sabemos que esa “neutralidad” fue siempre una máscara. El regreso de la política al centro del comercio nos obliga a mirar con otros ojos los acuerdos que antes parecían inmutables. Y como decía Polanyi, frente al mercado desbordado, solo una sociedad organizada puede defender lo que es común. Lo que está en juego, al final, no son aranceles: es la posibilidad de elegir qué mundo queremos habitar.