Cuando escuchamos las noticias del ataque estadounidense del 2 de septiembre contra una embarcación venezolana, muchos guatemaltecos sentimos un escalofrío familiar. No es la primera vez que vemos buques de guerra extranjeros surcar nuestro mar Caribe con la excusa de un “mal mayor”. La historia de América Latina está plagada de intervenciones que, bajo la bandera de la democracia, la lucha contra el comunismo o, como ahora, el narcotráfico, han dejado tras de sí una estela de inestabilidad, dolor y soberanías vulneradas.

La decisión de la administración Trump de designar cárteles como “organizaciones terroristas” y, en un acto de opacidad alarmante, firmar una orden ejecutiva secreta para desatar acciones militares, no es una solución. Es la receta para un desastre mayor. Es el uso impune del poderío militar para acabar con pequeñas embarcaciones de supuestos traficantes, tratando a sospechosos como si fueran soldados enemigos en una zona de guerra, un acto que, ya ha cobrado 83 vidas en 21 ataques.

Como latinoamericanos, y específicamente como guatemaltecos, comprendemos las terribles consecuencias del narcotráfico, pero también conocemos el amargo sabor de la intervención extranjera. Este nuevo capítulo no nos protegerá; nos coloca en la línea de fuego de una estrategia tan ilegítima como contraproducente.

La justificación oficial de Washington es clásica: estamos ante una escalada necesaria en la fracasada “Guerra contra las Drogas”. Sin embargo, como dice la revista The Economist, “Pocos… creen que las drogas son el único o incluso el principal objetivo de esta operación. La lógica es sencilla y reveladora: el fentanilo, la droga que actualmente causa más muertes por sobredosis en Estados Unidos, se sintetiza en México y se transporta casi en su totalidad por tierra.” ¿Qué sentido tiene, entonces, desplegar destructores y atacar barcos en el Caribe? Un destructor es un instrumento de guerra entre estados, no una herramienta de policía antidrogas.

En una exclusiva, el Washington Post reportó este pasado viernes 28 de octubre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden de «matar a todos» en el primer ataque contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe. Tras la supervivencia de dos hombres, el comandante de la misión ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, según dos fuentes.

Todo encaja si analizamos el mapa geopolítico. El verdadero objetivo parece ser inquietar a Maduro, apoyar a la oposición venezolana o incluso incitar un levantamiento dentro de las fuerzas armadas venezolanas. La designación del “Cártel de los Soles”, supuestamente vinculado al gobierno venezolano, y la retórica agresiva de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que promete utilizar “todos los recursos” para evitar que Maduro “se beneficie de la destrucción de vidas estadounidenses”, dejan pocas dudas. Concuerdo con otros analistas más expertos en el tema que estamos ante una estrategia de presión máxima que utiliza el narcotráfico como pretexto para un objetivo político: el cambio de régimen en Venezuela.

Esta no es una hipótesis conspirativa; es la cruda realidad de una política exterior que históricamente ha utilizado tácticas similares. La invasión de Panamá en 1989 por George H. W. Bush, condenada por la ONU como una “flagrante violación del derecho internacional”, nos enseñó que cuando una potencia decide actuar, el derecho internacional suele ser el primer sacrificado.

El primer ataque en 2 de septiembre y el más reciente el 14 de octubre no son sólo cuestionables estratégicamente; son ilegales.

Expertos en derecho internacional consultados por la BBC han sido contundentes. Mary Ellen O’Connell, profesora de derecho, afirma que el ataque “violó principios fundamentales del derecho internacional”. Luke Moffett, de la Queen’s University de Belfast, va más allá y sugiere que, al atacar el buque sin motivos de legítima defensa, el acto podría constituir una ejecución extrajudicial.

El derecho marítimo internacional es claro: los países no deben interferir con los buques en aguas internacionales, excepto en casos muy específicos, como una persecución en caliente desde sus propias aguas territoriales. Estados Unidos, aunque no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tenía como política oficial “actuar de conformidad con sus disposiciones”. Ahora, bajo la administración Trump, parece haber abandonado hasta esa pretensión de legalidad.

La declaración al Wall Street Journal de Geoffrey Corn, ex asesor legal del Ejército estadounidense, es demoledora: “No creo que haya manera de caracterizar legítimamente a un barco con drogas que se dirige desde Venezuela, posiblemente a Trinidad, como un ataque armado real o inminente contra Estados Unidos, justificando esta respuesta militar”. Sin esta justificación de “legítima defensa”, el ataque se convierte en un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza. Tratar a sospechosos de narcotráfico como combatientes en un conflicto armado internacional es un peligroso precedente que desdibuja todas las líneas rojas del derecho humanitario y de los derechos humanos.

La solución al flagelo del narcotráfico no pasa por que la Marina de EE.UU. intercepte barcos en el Caribe. Pasa por atacar la raíz del problema: la colosal demanda de drogas en el mercado estadounidense, la corrupción que permite el lavado de dinero en sus bancos, y el flujo irrestricto de armas desde su territorio hacia las manos de los cárteles. Mientras Estados Unidos no enfrente sus propias responsabilidades como sociedad consumidora y proveedora de armas, cualquier operación militar en nuestro territorio será un teatro hipócrita y sangriento.

No podemos permitir que el mar Caribe, patrimonio de todos, se convierta en el escenario de una nueva y arbitraria guerra promovida desde el norte. Nuestro futuro no puede ser, una vez más, una víctima colateral de los intereses geopolíticos de una potencia.