Ana María Méndez Dardón, directora de Wola para Centroamérica, señala que el 2026 será un año clave para Guatemala debido a que cuatro instituciones serán renovadas, lo cual será fundamental para el equilibrio democrático, la gobernabilidad y el Estado de derecho. 

“Es necesario contar con apoyo internacional para actuar como un contrapeso crucial ante intentos de infiltración de actores corruptos en los procesos”, señala Méndez Dardón en el análisis. 

La directora de Wola añade que bajo la administración del presidente Donald Trump, la democracia, justicia y los derechos humanos han dejado de ser temas centrales en la cooperación y asistencia entre Guatemala y Estados Unidos, esto se ha dado principalmente luego del cierre  de la Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos (USAID). 

Méndez Dardón indica que ahora la cooperación entre ambos países se ha enfocado más en temas como la seguridad, migración y comercio. 

“EE. UU. necesita socios confiables en la región para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional, y eso requiere un sistema judicial fuerte y autónomo”, afirmó.

 Las renovaciones y los intereses de EE. UU.

El análisis de Wola menciona los cambios que se darán el próximo año en la Corte de Constitucionalidad (CC), Ministerio Público (MP), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Contraloría General de Cuentas (CGC), destacando que en la mayoría de estos proceso se integrarán comisiones de postulación, instancias que han sido señaladas de ser un “foco de manipulación política”. 

Wola expresó cuestionamientos mediante el actuar de funcionarios de estas instituciones, principalmente sobre el MP, a la cual señaló que bajo la administración de Consuelo Porras, el 93 por ciento de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz. 

De igual forma, han cuestionado el actuar de la CC, a la que señalaron de emitir fallos controversiales. 

Ante ese contexto, Wola sostiene que un sistema judicial sano es fundamental para los intereses de Estados Unidos y la comunidad internacional, ya que esto permitirá combatir la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. 

“El sistema de justicia guatemalteco juega un papel crucial en la investigación del narcotráfico y requiere una alta capacidad investigativa para perseguir a funcionarios gubernamentales corruptos vinculados a estas redes de narcotraficantes”, indicaron. 

Además, afirmaron que sin instituciones judiciales “fuertes”, los vínculos entre actores políticos y el crimen organizado pueden quedar impunes, lo que afecta la seguridad en la región. 

Resaltaron que el cierre de USAID representó “un impacto significativo en diversos proyectos relacionados con la justicia, la gobernabilidad y los derechos humanos, especialmente en áreas clave como la lucha contra la corrupción, la mejora del sistema judicial y la promoción de la transparencia”.

Para Wola, la vigilancia social, la presencia de observación internacional y la voluntad política serán claves para garantizar la transparencia de los procesos y que se cumplan con estándares mínimos. Sostiene que Estados Unidos y la comunidad internacional pueden apoyar estos procesos dando respaldo a la sociedad civil, medios de comunicación y a las misiones de observación. 

También proponen el uso de sanciones individuales contra personas que hayan participado en actos de corrupción, criminalización, obstrucción de la justicia e intentos de influir en las Comisiones de Postulación.