A 18 meses del proceso electoral, la misión detecta un “estancamiento grave” y continuidad de las prácticas que pusieron en riesgo la integridad del proceso democrático anterior. Canyas explicó que “desgraciadamente, no se ha implementado ninguna” de las recomendaciones. 

La Misión asegura que únicamente tres muestran avances parciales. Estas se relacionan con el empadronamiento juvenil, el control del financiamiento político y el impulso de mecanismos contra la violencia política hacia las mujeres. Sin embargo, aclaró que ninguna ha sido implementada plenamente, ni siquiera aquellas de carácter técnico que dependían directamente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El informe dice que las reformas legales necesarias tienen dificultades porque muchas necesitan mayores apoyos en el Congreso. Además, el órgano electoral está en una “parálisis” causada por factores tanto externos como internos. Canyas denunció que el Ministerio Público (MP) ha promovido múltiples procesos judiciales contra el TSE, afectando su operatividad y su capacidad de planificación de cara a las elecciones de 2027.

Una estrategia de intimidación 

Uno de los ejes del informe es la denuncia de una estrategia de hostigamiento institucional promovida por el MP. “Se ha continuado con la criminalización de la sociedad civil, periodistas, actores políticos, observadores electorales y defensores del marco democrático”, afirmó Canyas. 

Dijo que esta estrategia no solo ha puesto en entredicho el proceso electoral de 2023, sino que sigue activa bajo las directrices de la fiscal general Consuelo Porras y el juez séptimo penal, Fredy Orellana. Ambos funcionarios han sido sancionados por la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido por socavar la democracia y el Estado de derecho. 

Para Canyas, esas sanciones son un reflejo de la gravedad de sus acciones. “Es muy extraño que se impongan sanciones a operadores de justicia en un país democrático. Y menos aún a una fiscal general en funciones. Pero la Unión Europea lo hizo. Y es efectivo”, dijo.

Afirmó que las acciones del MP “buscan aterrorizar, coaccionar, presionar y perseguir” a cualquier actor que defienda los principios democráticos. “La intención es clara: extender el miedo a consecuencias penales que paralicen o silencien a los defensores de la democracia”, puntualizó.

El 2026: un punto de inflexión

El informe subraya que el año 2026 marcará un antes y un después en la vida democrática de Guatemala. En ese año se elegirán nuevas autoridades para los órganos más relevantes del Estado: el TSE, la Corte de Constitucionalidad, el MP y la Contraloría General de Cuentas. Canyas señaló que estos procesos definirán el marco institucional con el que se organizarán las elecciones generales de 2027.

“Lo que pase en el año 26 sí que puede ser definitivo. Guatemala se juega mucho”, dijo. Destacó que estos nombramientos estarán en manos de actores como el Colegio de Abogados, decanos de universidades, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso y el propio presidente Bernardo Arévalo.

“Para que el TSE actúe como árbitro imparcial, para que la Corte de Constitucionalidad garantice derechos, y para que el Ministerio Público persiga la corrupción y no a la ciudadanía, el proceso de 2026 será determinante”, insistió.

Ante la magnitud de lo que está en juego, Canyas propuso que la Unión Europea pueda observar, monitorear y acompañar también los procesos de designación de las autoridades clave de 2026. “Creemos que podría ser útil, quizás necesario, que la Unión Europea pudiese observar, monitorizar y acompañar el proceso de elección de estos nuevos miembros a través de un mecanismo de seguimiento específico”, planteó.

Según su criterio, estos nombramientos incidirán directamente en la posibilidad de fortalecer o seguir debilitando las instituciones democráticas del país. “Ojalá los criterios de capacidad, idoneidad y honradez consagrados en la Constitución sean esta vez, o esta vez sí, el verdadero principio básico de elegibilidad de candidatos y futuras autoridades”, dijo.

Un sistema político deteriorado

El informe también retrata una crisis estructural del sistema de partidos políticos guatemalteco. Las organizaciones presentan “una debilidad ideológica profunda, estructuras precarias y escasa conexión con la ciudadanía”, lo que deriva en la formación y disolución constante de las organizaciones políticas usadas como “vehículos electoralistas personalistas” o incluso vinculados a intereses criminales. 

Esta fragilidad, sumada a la expansión del crimen organizado y la desinformación, representa un riesgo directo para la equidad y transparencia de futuros procesos electorales, explicó.

Además, las divisiones internas en el pleno de magistrados del TSE, particularmente entre la presidencia y los magistrados suplentes, también han afectado el funcionamiento del órgano y la emisión de directrices clave para su labor.

Fortalecer el Estado de derecho

A pesar de que implementar 25 de las 26 recomendaciones mejoraría las condiciones electorales, para Canyas hay una que sobresale y cuya ausencia anula todo lo demás, la recomendación número 2. Esta plantea el fortalecimiento del Estado de derecho y la separación de poderes, promoviendo una cultura de legalidad y la protección de derechos humanos y políticos.

“Si se hubiera cumplido únicamente esa, podríamos decir que se habría alcanzado el objetivo central del informe. Pero no se ha cumplido. Y sin ella, el resto pierde sentido”, explicó. Afirmó que la raíz del deterioro institucional y del sistema electoral se encuentra en la “precariedad del Estado de derecho y la cooptación de los órganos de arbitraje político”.