Por ley, la postuladora tiene cinco integrantes: la preside el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, un representante de los rectores de las quince universidades privadas del país, un delegado de las facultades de Derecho de las universidades privadas y un representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

De los cinco puestos, dos están definidos: Walter Mazariegos Biolis, quien es el actual rector de la Usac, y Henry Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios. 

Mazariegos Biolis tomó la rectoría de la Usac el 14 de mayo de 2022, en unas elecciones señaladas como fraudulentas por parte de organizaciones estudiantiles, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. En julio de 2023, fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar procesos o instituciones democráticas” al aceptar el cargo de rector en un proceso que se consideró doloso. 

La elección de Mazariegos Biolis fue a puerta cerrada en el Parque de la Industria de la zona 9 capitalina. Mientras él era impuesto como autoridad de la Usac, afuera había un contingente de antimotines, personas con pasamontañas y armados con bates. También agentes de seguridad privada resguardaban las puertas del lugar para evitar la presencia de estudiantes que manifestaban en contra de esa elección.

Siete candidatos se postularon para ocupar la rectoría de la universidad pública, pero Mazariegos Biolis y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, eran quienes llevaban la delantera.  

El 26 de abril de 2022, el Consejo Superior Universitario (CSU) debía acreditar a los representantes de estudiantes, catedráticos y profesionales que concursarían en la elección, pero este órgano dejó fuera a Rodas y a otro de los candidatos, Carlos Valladares. Horas después, ambos denunciaron fraude por parte del Consejo, cuyos integrantes eran cercanos a Mazariegos Biolis. 

Tras esta elección amañada, el Ministerio Público (MP) emprendió la persecución penal contra el exprocurador. Lo señalaron de participar en las acciones que llevaron a las protestas y toma de instalaciones en la Usac. Por este caso emitieron una orden de captura, lo cual lo llevó al exilio.

Antes de ser rector, Mazariegos Biolis fue decano de la Facultad de Humanidades en la Usac y docente universitario con contrato registrado desde enero de 2002. Fue acusado de desobediencia por no reinstalar a una trabajadora. 

Por ese caso, en enero de 2024 un juzgado laboral fijó una audiencia para que enfrentara juicio, pero recusó a la jueza y así retrasó el proceso.

Desde que Mazariegos Biolis está al frente de la Usac, agudizó las restricciones dentro de las instalaciones, lo cual ha sido denunciado por la comunidad estudiantil. 

En la circular 62-2024, informaron que a partir del martes 17 de septiembre de 2024 solicitarían carné a trabajadores y estudiantes para el ingreso al campus central en determinados horarios. Según las autoridades, dicha medida se tomó “debido a que muchas personas que no son trabajadores ni estudiantes únicamente ingresan para hacer uso de los parqueos” y que dejan sus vehículos desde tempranas horas. 

A principios de agosto de ese mismo año se conoció, también por medio de una circular, que Mazariegos Biolis restringió el acceso al edificio de rectoría para personas particulares y que solo personal autorizado podría acceder.

En una investigación de eP Investiga se evidenció que Mazariegos Biolis viajó en 18 ocasiones a distintos puntos del país en dos helicópteros propiedad del diputado Fidel Reyes Lee, del partido Bien y rector de la Universidad Rural. 

El préstamo de las aeronaves podría estar vinculado a que Mazariegos presidirá la postuladora del TSE, por lo que a Reyes Lee le convendría tenerlo de su lado para incidir en la comisión.

La exsecretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Lenina García, afirmó que el cuestionamiento sobre el actuar de Mazariegos no se limita a su paso como rector, sino desde que fue docente y decano de la Facultad de Humanidades; hace casi 20 años. 

“Desde que ha sido docente, decano, representante del CSU y ahora rector, su gestión ha sido cuestionable (…) La comunidad universitaria resiente y rechaza que durante su período como rector se han violentado muchos derechos de estudiantes, profesores o trabajadores, como el caso de Camilo García, un estudiante expulsado por haberle dicho usurpador en el CSU”, aseguró García.

Agrega que en los últimos años ha incrementado la criminalización hacia estudiantes universitarios que se pronuncian en contra de la gestión de Mazariegos.

El día de la convocatoria a la postuladora en el Congreso, diputados oficialistas afirmaron que Mazariegos usurpó el cargo de rector de la Usac. 

“Es muy lamentable que a este pequeño cobarde y ladrón le toque encabezar un proceso tan trascendental para la democracia guatemalteca, más cuando su propio acceso al cargo fue producto de una elección viciada”, afirmó el parlamentario David Illescas. 

Falta de confianza en el CSU 

En la actualidad, el CSU mantiene a 37 de 40 representantes con el cargo vencido, quienes han extendido sus funciones sin que se convoque a elecciones. Desde que Mazariegos Biolis funge como rector, varias facultades, escuelas no facultativas y centros regionales de la Usac han sido intervenidos por decisiones del Consejo. 

Henry Arriaga, actual decano de la Facultad de Derecho, es un personaje cercano a Mazariegos. En el 2022, durante el último proceso electoral de fiscal general, votó a favor de Porras para que integrara la lista de seis candidatos que fueron entregados al expresidente Alejandro Giammattei y así fuera elegida de nuevo en el cargo. 

En julio de este año, Arriaga fue reelecto decano de esa unidad académica al no tener competencia de otros postulantes. En su acto de toma de posesión estuvo presente la fiscal general, con quien se tomó fotografías. 

En 2022, el abogado fue investigado por la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por un caso de corrupción relacionado con la adjudicación irregular de un contrato de Q12 millones a la empresa Cocisa S.A. para la construcción de un edificio en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc). Sin embargo, el juez Víctor Cruz le otorgó falta de mérito. En 2023 y 2024, este juzgador firmó contratos con la Usac para ser docente de la Facultad de Derecho. 

El poder de Arriaga también alcanza al CANG, donde ha influido en la conformación de cuerpos electorales decisivos.

En los últimos años, la comunidad estudiantil y académica de la universidad denuncia la represión del CSU hacia las voces críticas y que denuncian las ilegalidades. En mayo de este año resolvió la expulsión de al menos diez estudiantes señalados por su participación en la toma del Campus Central y del Paraninfo Universitario. Protestaron contra el proceso de elección de Mazariegos.

El CSU también aprobó por mayoría iniciar procedimientos disciplinarios contra ocho diputados del Congreso, la mayoría del partido oficial Movimiento Semilla. Las causas son por presuntas acciones que habrían atentado “contra la institucionalidad, autonomía y prestigio de la universidad”.

¿Y el resto de comisionados?

Para los tres puestos vacantes de la postuladora deben realizarse asambleas que elijan a los representantes. Los rectores y los decanos de derecho de las universidades privadas y el CANG tienen lo que resta del 2025 y principios de 2026 para escoger a su delegado. 

Los tres comisionados deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y no tener impedimentos.  La normativa indica que quienes sean funcionarios de organismos del Estado, entidades autónomas o descentralizadas no podrán integrar la comisión. Sin embargo, esta regla no se aplica al rector y decano de la Usac. 

La LEPP también indica que no pueden formar parte de la postuladora si son miembros de los órganos permanentes de organizaciones políticas. Tampoco pueden ser funcionarios o trabajadores del TSE o que sus parientes dentro de los grados de ley lo sean. La exclusión también se aplica a los ministros de cualquier religión o culto.

Recientemente, cuatro universidades privadas cambiaron a sus decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se trata de la Universidad Rafael Landívar (URL), Del Istmo (Unis), Mesoamericana y de Occidente.

Entre los nuevos decanos figuran Julio César Cordón Aguilar, de la URL. Él fungió como secretario de Política Criminal durante el primer periodo de la fiscal Porras. Renunció en 2019 porque pasó a ser parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Cordón Aguilar fue denunciado en 2019 por el exfiscal Andrei González, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pues habría obstruido y retrasado el caso de financiamiento ilícito en contra de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Otro personaje que podría ser electo comisionado por parte de los decanos es Nery Leonel Anleu Oliva, de la Universidad Mesoamericana, quien durante el 2024 y 2025 trabajó como asesor parlamentario en la subjefatura del partido Azul. 

El proceso para elegir a los candidatos

Las Comisiones de Postulación son órganos temporales que se encargan de filtrar a los personajes que aspiran a cargos de relevancia para el Estado de Guatemala, entre ellos, las magistraturas del TSE.

En el último proceso de convocatoria realizado en 2019, fueron 103 profesionales los que presentaron su expediente para ocupar una magistratura. La comisión de ese entonces se encargó de hacer evaluaciones a los candidatos y revisar que cada postulante cumpliera los requisitos o, de lo contrario, los excluía. 

La postuladora eligió a 20 candidatos para integrar una nómina que fue enviada al Congreso el 15 de febrero de 2020. Posteriormente, los diputados sesionaron, votaron y eligieron a los magistrados actuales que dejarán el cargo el 19 de marzo de 2026.