Tras conocer el expediente DAJ No. 1091-2025, elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, el CSU resolvió autorizar los procesos disciplinarios, presentar denuncias y notificar formalmente a la Junta Directiva del Congreso de la República sobre los hechos.
Los diputados señalados son:
- Luis Enrique Ventura Urbina
- David Mauricio Illescas Sandoval
- Brenda Marleny Mejía López
- José Alberto Chic Cardona
- Raúl Amílcar Barrera Robles
- Elena Sofía Motta Kollef
- Samuel Andrés Pérez Álvarez
- Manfredo Duvalier Castañón González
¿Cuáles son los hechos que les atribuyen?
El expediente DAJ No. 1091-2025 detalla una serie de conductas por las que se acusa a los diputados, principalmente vinculadas a sus declaraciones públicas, actividades en el campus universitario y señalamientos hechos desde sus curules. Estos son los puntos:
- Participación en acciones relacionadas con la toma del Campus Central desde 2022, incluyendo el apoyo abierto a grupos estudiantiles que resistieron a la elección de Walter Mazariegos como rector. Señala que usaron sus cargos públicos para respaldar dichas acciones, lo cual, según la universidad, “afectó el orden institucional”.
- Acusaciones públicas de fraude electoral en el proceso para elegir all rector. En particular, el expediente menciona declaraciones que “generaron animadversión hacia la universidad” y “pusieron en duda la legitimidad de sus autoridades”.
- Comparaciones ofensivas hacia las autoridades universitarias. El expediente resalta un discurso del diputado Samuel Pérez en el Congreso, donde calificó la elección del rector como “propia de Corea del Norte” y denunció un “asalto institucional”.
- Denuncias de corrupción sin pruebas oficiales, como las presentadas por Brenda Mejía, quien cuestionó contrataciones y gastos, incluyendo compras de boletos aéreos por más de tres millones de quetzales. El documento argumenta que tales señalamientos fueron hechos “sin respaldo documental” y “dañaron la reputación de la universidad”.
- Visitas al edificio de Rectoría para intentar entregar solicitudes de información, incluyendo videos donde se observa a los diputados ingresando al campus y grabando interacciones con personal universitario. La universidad considera estas acciones como “formas de presión política” y “actos intimidatorios”.
- Publicaciones en redes sociales, entrevistas en medios, transmisiones en vivo y podcasts en los que, según la Dirección Jurídica, se ridiculiza a la universidad, se fomenta el odio entre la comunidad universitaria y se desprestigia su rol público.
- Uso del cargo parlamentario para amplificar una narrativa de ilegitimidad institucional, en un contexto en el que, según el expediente, “ni siquiera se abordan desde el Congreso los problemas sociales del país, como el alza de la canasta básica o la violencia”.
El documento también afirma que las acciones de los diputados han promovido “una campaña sistemática para deslegitimar la institucionalidad de la Usac” y que estas conductas podrían configurar también una posible infracción penal. Por ello, sugiere que el CSU remita el expediente al Congreso de la República y autorice iniciar acciones legales correspondientes.
Cinco de los diputados aún figuran como estudiantes activos, por lo que el CSU podría aplicarles sanciones conforme al artículo 96 del Estatuto Universitario, que van desde una amonestación escrita hasta la expulsión definitiva, con audiencia previa.
En el caso de los tres diputados sin vínculo jurídico con la Usac (Motta, Pérez y Castañón), la universidad se ampara en el artículo 83 de la Constitución y el artículo 11 del Estatuto Universitario, que facultan al CSU para dictar disposiciones que aseguren el orden institucional. La Dirección Jurídica también sugiere trasladar el caso al Ministerio Público para evaluar responsabilidades penales.
Este proceso se anuncia un día después de que los diputados Brenda Mejía y Luis Ventura, dos de las personas denunciadas, fueran agredidos verbal y físicamente dentro del Campus Central al intentar fiscalizar el Jardín Infantil luego de recibir diversas denuncias.
También evalúan sanción contra un periodista
Según confirmó una fuente dentro del CSU, también se acordó iniciar un proceso disciplinario contra Hamilton Chang, un estudiante de la Usac que trabaja como periodista para TGW, quien pretendía cubrir como parte de su trabajo la fiscalización de Mejía y Ventura ayer.
La fuente detalló que el argumento para considerar sancionar a Chang es que «era irresponsable que llegaran con cámaras y tomaran fotos de los niños».
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