La llegada de García Luna abrió expectativas sobre un posible cambio de rumbo, acompañado de las primeras modificaciones internas en la estructura del MP, así como el cambio de posturas respecto a los casos de criminalización que fueron iniciados en los años anteriores. 

En su primera intervención como fiscal general, García Luna aseguró que su gestión representaba una oportunidad “para devolverle la dignidad a la justicia”. Días después anunció los primeros cambios dentro de la institución; entre ellos, la decisión de liquidar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad que, según explicó, había perdido credibilidad. La medida fue seguida por la destitución de Rafael Curruchiche, quien dirigió esa unidad durante los años en los que diversos sectores denunciaron una política de persecución penal selectiva.

La salida de Curruchiche fue acompañada por una serie de movimientos internos: traslados, renuncias y destituciones de personal vinculado a la anterior administración. Entre los casos más visibles estuvieron los traslados de los fiscales Cinthia Monterroso y Saúl Sánchez, quienes posteriormente decidieron renunciar. También dejaron sus cargos fiscales como Dimas Jiménez y Julio Recinos, además del exsecretario general Ángel Pineda y el exsecretario de Política Criminal, Melvin Portillo.

Los cambios de personal no han sido los únicos movimientos que han marcado el primer mes de García Luna. La nueva administración también volvió a hacer públicos los salarios de los trabajadores del MP, una decisión que generó atención debido a que los registros mostraron que Porras, durante varios meses, percibió un salario superior al del presidente de la República.

Esa información ha sido de interés general debido a que, durante la administración de Porras, permaneció en reserva, lo cual generó críticas debido a la falta de transparencia en la institución, a pesar de las reiteradas solicitudes de información que se realizaron para conocer esos detalles de los salarios de personal de la institución.

En paralelo, la gestión de García Luna comenzó a fijar postura sobre algunos procesos judiciales iniciados durante la administración anterior. Uno de los primeros casos fue el de periodistas y columnistas de elPeriódico. El MP presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para informar que desistió de continuar con la persecución penal contra los comunicadores, un proceso impulsado por la FECI dirigida por Curruchiche tras publicaciones y opiniones relacionadas con el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

La gestión de Porras también estuvo marcada por un distanciamiento con la cooperación internacional, lo cual quedó en evidencia tras las sanciones que fueron impuestas contra la exfiscal general y su círculo cercano. 

No obstante, recientemente García Luna viajó a Estados Unidos junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, donde sostuvo una reunión con personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se abordó el tema de la cooperación.

A un mes de asumir el control de la fiscalía, García Luna ha iniciado una reconfiguración interna del MP, mientras enfrenta el desafío de convertir los primeros anuncios y decisiones en una transformación sostenida dentro de una institución marcada por una profunda crisis de confianza.

Recuperar la credibilidad

A pesar de los primeros movimientos anunciados por la nueva administración, una evaluación definitiva de la gestión de García Luna al frente del Ministerio Público todavía resulta prematura, señala Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI. Si bien se han dado señales de cambio, sostiene que aún queda por recuperar la credibilidad de la institución. 

“A un mes de haber asumido, todavía es prematuro hacer una evaluación definitiva de la gestión de Gabriel García Luna como fiscal general. Sin embargo, sí es posible advertir algunos cambios importantes. En primer lugar, existe una diferencia de tono y de prioridades respecto de la administración anterior. Se percibe una mayor apertura al diálogo, una disposición a revisar procesos internos y una actitud más receptiva frente a las críticas y cuestionamientos que durante años se formularon al Ministerio Público”, dijo.

Sin embargo, Sandoval advierte que los problemas estructurales de la institución no pueden resolverse en pocas semanas. Las estructuras internas, funcionarios y prácticas heredadas de la anterior administración permanecen y no desaparecen únicamente con un relevo en la dirección del MP.

“Por ello, más que esperar decisiones espectaculares, lo razonable es observar si se consolidan cambios sostenidos en materia de independencia, objetividad y priorización de la persecución penal”, comenta.

Desde esa perspectiva, el exfiscal señala que el reto no está únicamente en decisiones inmediatas, sino en consolidar cambios sostenidos relacionados con la independencia, la objetividad y la forma en que se prioriza la persecución penal.

El exjefe de la FECI señala que uno de los principales desafíos de la nueva administración será recuperar la credibilidad del MP, la cual señala que se vio debilitada durante la gestión de Porras, que estuvo marcada por la persecución a operadores de justicia, estudiantes, activistas y periodistas. 

“El principal desafío continúa siendo recuperar la credibilidad de la institución. Ello pasa por reenfocar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las estructuras ilícitas, pero también por revisar con seriedad aquellos procesos que han sido cuestionados por una posible instrumentalización del derecho penal. La justicia debe volver a ser percibida como un instrumento al servicio de la ley y no de intereses políticos o particulares”, indicó. 

Sandoval sostiene que hay expectativas altas con la llegada de García Luna al MP, pero que esto puede verse mancillado por el tamaño del daño heredado por la gestión de Porras. “Un mes permite identificar señales, pero no resultados. La reconstrucción institucional del MP será una tarea de mediano plazo y deberá medirse por hechos concretos y no únicamente por discursos”, comentó.

Además, mencionó que si la actual administración del MP logra fortalecer su independencia interna, recuperar la confianza ciudadana y devolver a la institución su papel en la persecución objetiva del delito, entonces podrá hablarse de un verdadero punto de inflexión para la justicia guatemalteca.

Dudas sobre equipo de trabajo

A criterio de Carmen Aída Ibarra, lo más preocupante que ha pasado en el primer mes de la gestión de García Luna al frente del MP es que aún no haya completado su equipo de trabajo. Si bien ya se han hecho algunos nombramientos, aún hace falta que tenga a funcionarios en su primer círculo de trabajo y además en los equipos técnico-administrativos. 

“Eso no puede darse con retraso porque desde el momento en el que se planteó la necesidad de ser fiscal general, tendría que haber tenido un equipo ya comprometido con él y trabajar conjuntamente. Creo que todavía no ha llenado puestos centrales específicos y sigue sin secretario de Política Criminal, hay una subsecretaría nada más. Tiene que tomar una decisión pronto de qué va a hacer con ese vacío que tiene”, comentó. 

Ibarra calificó como “inquietante” este vacío en su equipo de trabajo. 

Por otro lado, Ibarra señaló que hay otros aspectos que tomarán más tiempo recuperar en el MP, como lo es la carrera fiscal, así como los reordenamientos que se deben dar en cada una de las fiscalías, esto luego de las renuncias, traslados y destituciones que se han dado desde la llegada de García Luna.

“Debe tener ahora un tiempo prudencial para evaluar cómo han impactado estos cambios, el funcionamiento de las fiscalías de sección, distritales o especializadas para ver qué ajustes se deben hacer”, dijo. Agregó que se deben abrir formas de apoyo internacional para procesos de fortalecimiento de las fiscalías especializadas y así recuperar estándares de calidad que existían con anterioridad, pero que se perdieron con todos los movimientos que Porras hizo. 

En síntesis, Ibarra señala que se le puede reclamar a García Luna que aún no tenga un equipo de trabajo completo, pero es algo que se puede superar en días o semanas. 

Ibarra mencionó que el MP de García Luna debe prestar atención a los casos de criminalización que se impulsaron en la era de Porras y que convirtieron a la institución en un “centro de violación de derechos constitucionales” y se deben priorizar casos de personas que están en prisión preventiva, como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Stuardo Campo.