No obstante, afirmaron que siguen los intentos para “socavar el orden democrático y el Estado de Derecho en Guatemala, en particular a través de acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía General (Ministerio Público) y otros miembros del poder judicial contra varios funcionarios del Gobierno”.
Señalaron que en reiteradas ocasiones han expresado su preocupación debido a lo que calificaron como una “ instrumentalización del sistema judicial” en el país.
En el comunicado mencionan la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, líderes indígenas, sociedad civil, medios de comunicación y operadores judiciales.
Además, recordaron que se han interpuesto ocho medidas restrictivas a personas y a una entidad por acciones contra el Estado de Derecho y la democracia.
“Estas sanciones selectivas están diseñadas para responsabilizar y afectar a los responsables de participar, brindar apoyo o beneficiarse de acciones que socavan la democracia, el estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, indicaron.
La UE finalizó su pronunciamiento afirmando que seguirá siendo un “socio coherente de todos los sectores de la sociedad guatemalteca”, mediante inversión para promoción de la democracia, Estado de Derecho y desarrollo inclusivo y sostenible.
“Seguiremos de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas”, puntualizan en el comunicado.
