La carta fue remitida originalmente el 7 de julio de 2025 por los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, Albert K. Barume; la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero; la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; y la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saúl.

En el documento, los expertos señalan que la detención y enjuiciamiento de Pacheco y Chaclán podrían ser “potencialmente arbitrarios” y derivar en una violación de derechos fundamentales como la libertad y la seguridad personal, el debido proceso, la defensa y el acceso a un juicio justo. 

Asimismo, advierten que las acusaciones presentadas contra ellos, que son obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y terrorismo, están formuladas de manera amplia e imprecisa, lo que podría facilitar una aplicación indebida de estas figuras penales.

Los relatores resaltan que la privación de libertad parece estar vinculada con la labor de ambos como defensores de derechos humanos, su rol como autoridades indígenas y el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación. En el caso de Chaclán, señalaron, además, que se le habría negado acceso al expediente y asistencia legal adecuada durante el allanamiento y su arresto.

El pronunciamiento también alerta sobre el uso de la legislación antiterrorista para sancionar conductas vinculadas al ejercicio pacífico de derechos fundamentales. Indicaron que este tipo de normas no deben emplearse contra personas que promueven manifestaciones no violentas, como cierres de carreteras, destinadas a visibilizar demandas sociales.

“​​En ese sentido, se indica que el caso podría ser parte de un patrón más amplio por parte del Ministerio Público para perseguir judicialmente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadoras y comunicadores comunitarios, líderes y lideresas indígenas, jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno actual”, se indica en el documento. 

De igual forma, los expertos manifestaron preocupación por la “constante estigmatización” de las formas de organización social de los pueblos indígenas, que estarían siendo presentadas como “violentas”, “contrarias a la libre circulación” o incluso como “redes criminales”, debido a su participación en protestas públicas.

En el marco de sus mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, los relatores solicitaron al Estado de Guatemala información detallada sobre la situación de los líderes indígenas y pidieron esclarecer las alegaciones planteadas.

Tanto Luis Pacheco como Héctor Chaclán permanecen en prisión preventiva desde hace varios meses, acusados por su participación en las protestas pacíficas de 2023, en las que se defendieron los resultados electorales.