El pasado 5 de septiembre, los abogados de Bonilla Archila y Marroquín Ovalle presentaron una recusación en contra de la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Yesenia Berganza. En la misma, se argumentó que la juzgadora emitió opinión o criterio sobre el caso que está en discusión. Los abogados también alegaron que se le rechazó el acogimiento al procedimiento especial de aceptación de cargos.
Este recurso se presentó a los pocos días de que la jueza resolviera que la acusada debía enfrentar un juicio por asesinato, crimen cometido contra Melisa Palacios y no por homicidio en estado de emoción violenta, delito que representa una condena menor. La acción legal de la defensa retrasó la audiencia para presentar pruebas ante la juez, la cual estaba programada para el 8 de septiembre de este año.
El 23 de septiembre, los jueces de la Sala Primera de Apelaciones decidieron de manera unánime que la jueza no dio su opinión sobre el caso y que en su intervención, “solo se limitó a justificar la decisión de abrir el caso de acuerdo con la ley”.
Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) aseguró que el memorial de recusación planteado por la defensa se presentó de manera extemporánea y pretendía retrasar la continuidad del juicio por asesinato que enfrentan los acusados.
Ahora, la jueza Berganza deberá dar una fecha para que se inicie el juicio en contra de Bonilla Archila y Marroquín Ovalle.
Espera resolución de más recursos legales
Al terminar la audiencia, Bonilla Archila y Marroquín Ovalle fueron trasladados a la prisión de Matamoros, en donde se encuentran de forma preventiva, pero la acusada respondió brevemente a las interrogantes de la prensa.
“Vamos a esperar los demás recursos que tenemos en cola para poder solucionar. Esto no termina aquí. Tenemos más planteamientos todavía en esta judicatura”, aseguró ante los medios de comunicación.
El 4 de julio de 2021 se emitió una alerta por la desaparición de Melisa Palacios. Un día después, la joven fue encontrada sin vida y con signos de violencia en un terreno baldío en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.
El proceso comenzó a conocerse en un juzgado de Zacapa, después fue trasladado a Chiquimula y ahora se desarrolla en la capital.
