El recurso de apelación que llevó a la decisión de revocar la medida fue interpuesto por el Ministerio Público (MP) y por el INDE. La sala consideró que el peligro de fuga de Melvin Quijivix ya fue desvanecido, pero no así la posibilidad de que se registre obstaculización en la investigación. “Existe peligro procesal de que el imputado pueda influir en que testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal”, detalla el fallo. 

La sala dio un plazo de tres días al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, para que se giren las órdenes u oficios necesarios y así dar cumplimiento a la resolución que implica trasladar a Quijivix a una prisión. 

Aunque el caso se encuentra bajo reserva judicial, el exdirector del INDE es señalado de haber lavado Q85 millones. Así mismo, se tiene la sospecha de que influyó en la designación de funcionarios que autorizaron la contratación de servicios en la institución que tenían como beneficiarios finales a personas vinculadas a Quijivix. 

El sindicado fue un funcionario cercano al expresidente Alejandro Giammattei y al exdirector del Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez. Una publicación de ePinvestiga demostró que empresas vinculadas a Quijivix adquirieron tres inmuebles en zonas exclusivas. Estas valorados en más de Q4 millones. 

Dichas compras se hicieron entre el 2021 y 2024, período que coincide con la permanencia de Quijivix al frente del INDE.

Designación anómala en Segeplan

El 4 de noviembre de 2024, la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan) presentó una denuncia en contra del expresidente Alejandro Giammattei y de la exsecretaria de planificación Luz Keila Gramajo, quienes habrían creado una plaza especial para Quijivix dentro de Segeplan. 

El 20 de julio de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó en la lista Engel de actores corruptos al exdirector del INDE. “Incurrió en importantes actos de corrupción al utilizar su cargo y sus conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de compras gubernamentales a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada”, señala la sanción.