En la resolución firmada por la jueza “B” del Juzgado Séptimo, Mónica Alejandra Castillo Rosales, se indica que dicha judicatura no tiene la competencia para seguir conociendo la acción planteada contra Porras, por lo que el caso debe trasladarse a la CSJ para que dé trámite a l denuncia.
Ahora serán los magistrados de la CSJ quienes establezcan o no si procede el retiro de la inmunidad contra Porras, quien en mayo de este año finalizará su segundo mandato al frente del MP.
El pasado 18 de febrero, el diputado Chic presentó una querella en contra de Porras por los delitos de sustracción propia, sustracción agravada, entrega indebida de un menor, trata de personas, abuso de autoridad, trámite irregular de adopción y falsedad material e ideológica. Chic también pidió que se dicte arraigo en contra de la fiscal general y que no abandone el país durante la investigación.
Según la información de las expertas y expertos de la ONU, al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales luego de ser institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” tras su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala.
Porras habría fungido como “tutora legal” de esos menores de edad entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, según la información compartida por los personeros de la ONU esta semana.
Otra denuncia
La Procuraduría General de la Nación (PGN) también interpuso una denuncia por la posibles adopciones ilegales que fueron anunciadas por la ONU. En esta se pidió investigar la presunta responsabilidad de funcionarios guatemaltecos en estos casos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno.
“La PGN continuará efectuando las diligencias que resulten necesarias, conforme a sus atribuciones, en relación con los hechos señalados”, indicaron, en seguimiento a lo informado por la ONU.
Un día después de la acción legal presentada por la PGN, Julio Saavedra, titular de la institución, pidió pidió que sean admitidos como querellantes adhesivos en la investigación por las adopciones ilegales.
MP se pronuncia
A pesar de que las acusaciones realizadas por las expertas y expertas de la ONU contra Porras fueron realizadas a título personal, el MP emitió un comunicado en el que rechazaron los señalamientos y aseguraron que la fiscal general tiene una trayectoria “distinguida por su integridad, profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho”.
“Estos señalamientos carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia de la fiscal general”, indicaron.
Como argumento, señalaron que es lamentable que se utilicen alegaciones que no han sido investigadas ni probadas para condicionar procesos de elección. Porras era aspirante a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) y se había postulado a través del Consejo Superior Universitario (CSU), donde nadie votó por ella.
