Las objeciones fueron planteadas ante la Comisión de Postulación, que tiene a su cargo evaluar a los candidatos y, según los denunciantes, exponen posibles conflictos de interés, vínculos con redes de poder, antecedentes relacionados con falta de transparencia en el ejercicio de la función pública. También, sanciones administrativas y cuestionamientos sobre la idoneidad y honorabilidad de algunos postulantes.

Entre los señalados se encuentra César Armando Elías Ajcá, contra quien las organizaciones retoman declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón dentro del caso Cooptación del Estado. Según este proceso, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti habría solicitado al excontralor Carlos Mencos que lo nombrara como subcontralor. Elías ocupó ese cargo entre 2015 y 2018. 

También fue objetado Erick Fernando Mazariegos Salas, debido a una sanción impuesta por la propia CGC. El señalamiento se relaciona con su desempeño como tesorero de la Asociación de Apoyo para el Crecimiento Guatemalteco (Asdacregu), entidad que administraba fondos públicos. 

Según la objeción, una auditoría determinó que incumplió con la obligación de rendir cuentas y le impuso una multa de Q4 mil.

En el caso de María Elizabeth Pacajá López, exfuncionaria de la CGC, las organizaciones hacen referencia a la investigación denominada Corrupción Integral-Lanquín, Alta Verapaz. Sostienen que dentro del rastreo de fondos provenientes de cheques de la Municipalidad de Lanquín se identificó un depósito a una cuenta de Pacajá. 

Señalamientos contra excontralora

Nora Liliana Segura Monzón, quien ya ocupó el cargo de contralora general de cuentas, recibió tres objeciones. Una de ellas se basa en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de enero de 2014, relacionada con la omisión de resolver un recurso de revisión sobre una solicitud de información pública durante su gestión. 

Dicho recurso fue resuelto por una funcionaria que no tenía competencia para hacerlo, lo que derivó en una violación al debido proceso administrativo.

Otra objeción la vincula con presuntas irregularidades en una auditoría a la Municipalidad de Quetzaltenango correspondiente a 2013. Las organizaciones sostienen que, durante su gestión, se habrían bloqueado cinco denuncias penales y cuatro pliegos de cargos por más de Q140 millones, en beneficio de la administración del entonces alcalde Jorge Barrientos. 

La tercera objeción cuestiona su permanencia en el cargo después de que concluyera su período constitucional en 2014. Según los denunciantes, Segura entregó el despacho únicamente después de un apercibimiento derivado de un amparo. 

Cuestionamientos por títulos académicos

Otro de los aspirantes señalados es Jorge Giovanni Castellanos Gudiel. La objeción se centra en una constancia docente atribuida al Centro Universitario del Norte (Cunor) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Las organizaciones señalan una inconsistencia en las fechas: el expediente del candidato fue recibido el 25 de agosto de 2026, mientras que la constancia identificada en el expediente aparece fechada el 28 de agosto, es decir, tres días después del cierre de recepción. 

Además, cuestionan su relación académica con el Cunor y plantean un posible conflicto de interés por su participación como coordinador de una maestría y la obtención de un doctorado en esa unidad académica.

Castellanos Gudiel fue denunciado penalmente por este caso, según confirmó el Ministerio Público este lunes. 

Eliezar Gamaliel Blanco Lémus también enfrenta una objeción relacionada con sus credenciales académicas. Las organizaciones cuestionan el doctorado que presentó, otorgado por la Universidad de San Miguel, México, ya que indican que el diploma fue emitido como “Título Propio” y que no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Posibles conflictos de interés

En el caso de Carlos Humberto Echeverría Guzmán, la objeción plantea la existencia de posibles vínculos universitarios y empresariales que, a criterio de los denunciantes, podrían comprometer su independencia.

Las organizaciones mencionan su trayectoria como exdecano de la Universidad Rural, su participación como fiduciario de la Universidad Americana y su presidencia en el Club Social y Deportivo Universitario, vinculado al rector de la Usac, Walter Mazariegos. También cuestionan su actividad profesional en defensa y auditoría de constructoras y contratistas del Estado.

Finalmente, José Domingo Conde Juárez es señalado por sus vínculos con el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac. Según la objeción, fue designado para cargos de representación con el respaldo de al menos 23 integrantes del Consejo Superior Universitario, órgano al que la propia Contraloría ha realizado señalamientos y sanciones contra algunos de sus integrantes.

Los denunciantes consideran que esa relación podría comprometer su independencia si llegara a dirigir la Contraloría, debido a que la institución debe fiscalizar los recursos de la Usac, incluyendo el presupuesto constitucional que recibe, así como realizar auditorías y emitir finiquitos relacionados con funcionarios universitarios.