Según la ministra, los acuerdos se basan en los compromisos adquiridos en febrero de este año, para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) comience a brindar servicios de salud para los recicladores debido a las condiciones en las que laboran. 

Otro de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo es el reconocimiento que se le dará dentro del reglamento a la existencia de los recolectores y el trabajo que estos realizan. 

El Reglamento habla sobre que las municipalidades deben implementar planes para el manejo de los desechos, pero con los nuevos acuerdo ahora se dará la posibilidad de que las comunas puedan decidir si se quedan solo separando en dos categorías, que sería orgánico y no orgánico, o si se avanza a la separación en tres categorías, que son orgánico, reciclable y no reciclable. 

“Esto será una decisión de las propias municipalidades, estamos ahora decidiendo cómo vamos a darle un bonito cierre, en donde todo mundo esté tranquilo, pero estoy contenta porque ya cumplimos con los compromisos que ya firmamos de manera informal, ahora tenemos que formalizar ese cumplimiento”, dijo la ministra. 

Orantes indicó que muchas municipalidades, en su mayoría a nivel rural, están avanzando en el tema de la separación y manejo de los desechos, lo que está teniendo un impacto en descontaminar los territorios, aseguró.

“Estamos trabajando con decenas de municipalidades y eso es una buena noticia para el país”, indicó. 

Modificación en el reglamento

La ministra indicó que dados estos consensos alcanzados, se deberán realizar modificaciones al Acuerdo Gubernativo 164-2021, que contiene Reglamento para la Clasificación de Desechos y que posteriormente dichos cambios deberán ser publicados en el Diario Oficial.

No obstante, indicó que primero se deberán cerrar los acuerdos y que posteriormente se realizará el proceso de “reformas quirúrgicas” al reglamento.

En febrero de este año, recicladores y recolectores de basura paralizaron los servicios y bloquearon algunas rutas en la Ciudad de Guatemala ante su inconformidad por el Reglamento, estos argumentaban que este afectaría se trabajo.

Posteriormente se estableció una mesa de diálogo para aplicar los cambios que se han considerado como necesarios.