El grupo de expertos visitó Guatemala en noviembre del año pasado y sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, representantes de la sociedad civil, sector privado y organizaciones indígenas. Esta semana nuevamente llegan para vigilar los procesos electorales que se desarrollan, los cuales ya reportan alertas sobre falta de transparencia.
eP Investiga conversó con Jaime Arellano, quien fue viceministro de Justicia en Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos y director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Arellano también es integrante del PEI-GT y advirtió que la región atraviesa un momento crítico debido a la cooptación de los sistemas de justicia con intereses políticos, una tendencia que se replica en Guatemala.
Según el experto, la pérdida de independencia de la CC o del MP implicaría la ruptura de uno de los pilares fundamentales de la democracia. “Si los poderes se controlan mutuamente, la democracia funciona. Pero si todos son controlados por un mismo poder, ya no hay control alguno”, advirtió Arellano.
La CC es el máximo árbitro
El proceso para elegir magistrados de la CC no está definido por la Constitución. Esta corte debe ser renovada en abril y en el desarrollo participan el presidente Bernardo Arévalo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
De las cinco instituciones, solo tres han comenzado el procedimiento para elegir a su representante ante la CC, pero la Usac lo hará en una elección a puerta cerrada y sin mayor publicidad para la ciudadanía.
Este es un problema porque la ley no establece un mecanismo específico para que cada organismo defina al próximo magistrado. Por ejemplo, en el proceso anterior, el expresidente Alejandro Giammattei escuchó algunas propuestas sobre candidatos en consejo de ministros, pero terminó eligiendo a Leyla Lemus, quien era su secretaria general.
Desde la perspectiva del PEI-GT, el problema no se limita a vacíos legales porque hay principios y estándares internacionales que se debieran cumplir al momento de designar a magistrados.
“La ley no lo dice todo. Antes están los valores democráticos, la buena fe y los estándares internacionales (…) en ese sentido, cualquier órgano con potestad de elección tiene la obligación de definir perfiles, criterios y procedimientos claros, transparentes y objetivos”, aseguró Arellano.
Para el experto, el perfil de quienes integren la CC debe ser exigente. En primer lugar, “grandes juristas con sólida formación en derecho constitucional, preferiblemente con experiencia académica o un ejercicio profesional reconocido”. En segundo término, personas de probidad comprobada, sin señalamientos de corrupción ni vínculos con estructuras criminales.
A ello se suma un elemento clave: la independencia. “Deben ser independientes del gobierno de turno, del Congreso, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, incluidos los empresariales”, enfatizó.
Uno de los puntos que más preocupa al Panel es la situación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac. Actualmente, está integrado por personas con mandatos vencidos, pese a que ya existen representantes electos para reemplazarlos.
“Es como si un presidente con el mandato vencido se negara a dejar el cargo”, ejemplifica Arellano.
Desde su perspectiva, este tipo de prácticas vulnera principios básicos del Estado de derecho y pone en riesgo la legalidad de las decisiones que adopte ese órgano.
La alerta por el proceso de elección de fiscal general
Aunque el Panel evita pronunciarse sobre personas específicas, Arellano fue enfático al señalar que los mismos estándares deben aplicarse en la elección de la o el fiscal general y en cualquier eventual aspiración que Consuelo Porras podría tener para la CC.
Según el experto, si Porras optara por postularse a magistrada de la CC para evitar una posible investigación en el futuro, eso sería considerado un “fraude de ley”.
El proceso para elegir fiscal general empieza a avanzar. Este martes 3 de febrero el Congreso juramentará a los integrantes de la Comisión de Postulación. Desde octubre del año pasado los magistrados de la CSJ no han definido a su presidente. Esta persona es quien debe presidir la postuladora, que también está integrada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.
Arellano explicó que han enviado invitaciones a todos los poderes e instituciones del Estado que están involucradas en los procesos de elección de segundo grado, sin embargo, solo el presidente Arévalo ha acordado brindarles audiencia.
