Uno de esos amparos fue presentado por el diputado oficialista, David Illescas, ante la misma CC que próximamente será renovada. En esta acción, el congresista señala que la convocatoria realizada por el CSU es “ilegal” debido a varios vicios que han sido detectados.
Según Illescas, el CSU convocó a una Asamblea General Ordinaria en un sitio diferente a las instalaciones de la Usac, utilizando un salón de un hotel en la zona 10. Asimismo, indicó que dicha convocatoria no había sido incluida en la agenda.
“Las convocatorias para integrar las Asambleas deben de ser publicadas en un plazo máximo de quince días de recibida la convocatoria”, señala Illescas en el amparo presentado, además de que esta convocatoria se realizó por medio de Whatsapp.
Además, menciona que, de los 41 integrantes del CSU, solo unos 11 tienen sus cargos en vigencia, mientras que los restantes cargos deben ser renovados de inmediato.
Otro de los puntos que Illescas toca en el amparo es que algunos consejeros, que ocupan cargos de representación estudiantil, ya se han graduado, por lo que carecen de legitimidad para ocupar esos cargos.
“Es imperante que el Consejo Superior Universitario se conforme con las personas que han sido electas pero que, a día de hoy, no han tomado posesión debido a que no se les permite, violentando garantías constitucionales”, indicó.
El otro amparo
El abogado Javier Monterroso interpuso también un recurso de amparo en contra de la convocatoria realizada por el CSU, este fue presentado ante una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este se argumenta que 23 de sus 41 integrantes tienen ya sus cargos vencidos.
“El actual CSU no está integrado legalmente toda vez que la mayoría de sus miembros debió haberse elegido desde el año 2020, sin embargo, por diversas razones los cargos de los mismos no han sido renovados”, señala Monterroso en el amparo.
Recordó que la actual CC ha reconocido esa situación en una sentencia de amparo emitida el 13 de febrero de 2025, donde se menciona que la no renovación de los cargos es una violación a la autonomía universitaria y a los derechos de elegir y ser electos.
Según Monterroso, estos son los cargos que están vencidos en el CSU:
- Decano de la Facultad de Arquitectura
- Decano de la Facultad de Agronomía
- Decano de la Facultad de Medicina
- Decano de la Facultad de Ingeniería
- Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
- Decano de la Facultad de Farmacia
- Decano de la Facultad de Odontología
- Decano de la Facultad de Veterinaria
- Representante del Colegio de Abogados y Notarios
- Representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos
- Representante del Colegio de Economistas y Auditores
- Representante del Colegio de Ingenieros
- Representante del Colegio de Médicos
- Representante del Colegio de Odontólogos
- Representante del Colegio de Veterinarios
- Representante de profesores de Medicina
- Representante de profesores de Farmacia
- Representante de profesores de Agronomía
- Representantes de estudiantes de Ciencias económicas
- Representante de estudiantes de Veterinaria
- Representante de estudiantes de Odontología
- Representante de estudiantes de Arquitectura
- Representante de estudiantes de Agronomía
“Estos 23 representantes tienen sus cargos vencidos por lo que no tienen la legitimidad necesaria para continuar en sus cargos y menos aún para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, indicó Monterroso.
Además, mencionó que si el actual CSU realiza esta elección, la legitimidad de los nuevos magistrados de la CC quedaría cuestionada. De esta forma, Monterroso señala que lo que debe ocurrir ahora es que se suspenda la convocatoria, que el CSU proceda a elegir a los que falta y les dé posesión a los que ya fueron electos.
“Pareciera que de hecho se dejó de convocar precisamente para que tuviera (el CSU) una correlación de fuerzas favorable al rector (Walter) Mazariegos para que él pudiera elegir a sus magistrados de confianza”, indicó Monterroso.
Ayer, el Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) emitió un comunicado en el que expresaron su preocupación por posibles irregularidades en este proceso.
