Por medio de un comunicado, los estudiantes han señalado que dentro de la ECC se vive una “grave situación” de vulnerabilidad, aunado a anomalías administrativas que se han detectado debido a la estafa de la que fueron víctimas y aseguraron que no hay ninguna propuesta para dar una solución a ese problema, en el que señalaron como responsable de esa situación a Andrea Fabiola Orozco Velásquez, exsecretaria contadora de la ECC.
“La señalada, valiéndose de su cargo, instruyó a los estudiantes a depositar las cuotas directamente a su cuenta bancaria personal, utilizando como engaño la falsa justificación de supuestos fallos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”, afirmaron en un comunicado.
No obstante, han señalado que no recibieron ninguna notificación oficial respecto a la destitución o desvinculación laboral de esta persona que ha sido acusada.
Pese a esta situación, los estudiantes aseguraron que la administración de la ECC lo está pretendiendo obligar a pagar nuevamente las cuotas pendientes, señalando que se trata de una medida que es inviable y que esto pone en riesgo la continuidad académica de varios profesionales.
Según la información compartida por una fuente que solicitó el anonimato, fueron al menos 31 estudiantes los que resultaron afectados por estos hechos, que en total ascienden a más de Q105 mil. Eso ocurrió con estudiantes de primer y segundo año de maestría, así como con estudiantes de doctorado.
Además, afirmó que ante el Ministerio Público (MP) ya se han presentado más de 20 denuncias penales por estos hechos.
Falsificación y sustracción de expedientes
Según la denuncia, la señalada también habría incurrido en falsificación de documentos bancarios y comprobantes oficiales de la Usac para encubrir el desvío de los fondos pagados por los estudiantes. Esto ocurrió mediante el uso ilegítimo de sellos y firmas electrónicas sin la supervisión pertinente de las autoridades de la ECC, señalando directamente a Gustavo Morán.
Además, se denunció la sustracción de los expedientes físicos que les fueron requeridos para el proceso de inscripción. “Dichos expedientes contienen documentación de alta confidencialidad, tales como actas de graduación, formatos firmados de puño y letra por nosotros los agraviados, y auténticas de DPI”, indicaron.
En ese sentido, dijeron que la sustracción de estos expedientes los ha obligado a invertir más tiempo y recursos económicos para recopilar y presentar toda la documentación por segunda vez, pero que además supone un riesgo de suplantación de identidad o el mal uso de su información personal.
“Para los estudiantes en la modalidad de maestría para doble titulación, la pérdida de expedientes, la alteración de la información y el fraude financiero han paralizado la emisión de las constancias necesarias para tramitar el título y proceder a la colegiación profesional”, afirmaron.
Lo anterior, señalaron, que representa un impacto negativo en sus metas laborales, como por ejemplo pérdidas de oportunidades de ascensos, imposibilidad de postularse a nuevos trabajos y el riesgo de recibir penalizaciones económicas debido al vencimiento de los plazos legales para colegiarse.
Rechazaron también politizar esta crisis, asegurando que no pertenecen a ningún grupo político dentro de la ECC, por lo que pidieron a las autoridades de esas unidad académica asumir su responsabilidad por la contratación de la persona que resultó implicada en este caso.
Criminalización
Los estudiantes han denunciado también que desde el ámbito privado se han emitido algunos comentarios que buscan “criminalizar” la postura que han manifestado sobre la situación de la estafa y que se les ha acusado de «alborotadores» o de «dañar la imagen» de la Escuela.
Incluso, señalan, que han logrado evidenciar que existe un “mapeo” y un “monitoreo” sobre los estudiantes que han denunciado estos hechos.
“Responsabilizamos a las autoridades de la unidad por cualquier acto que atente contra nuestra integridad física, académica, imagen pública o salud emocional y mental tras haber hecho legítimamente visible esta crisis”, indicaron.
Ante esto, pidieron al MP y al Consejo Superior Universitario (CSU) proceder con las investigaciones penales y administrativas para que se deduzcan responsabilidades y se garantice el avance académico de los estudiantes que han resultado afectados.
A la ECC le piden que resuelva de manera inmediata y favorable la situación financiera de los estudiantes y que se validen los pagos que ya fueron efectuados.
“El dinero fue entregado bajo principios de confianza legítima. Los estudiantes no actuamos con ignorancia, sino con el objetivo de agilizar trámites en un entorno donde la comunicación oficial simplemente brilló por su ausencia”, indicaron.
Se ha solicitado una postura sobre estos hechos a Regina Miranda, quien es la actual directora en funciones de la ECC, pero hasta el momento no ha respondido a las llamadas y mensajes.
