La crisis que estalló este 17 de enero en el sistema penitenciario no fue un hecho espontáneo. Motines coordinados en las cárceles de Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18, que dejaron 46 trabajadores del Sistema Penitenciario retenidos, evidenciaron una reacción directa de las pandillas frente a las nuevas medidas de control impulsadas por el Ministerio de Gobernación.

Desde las primeras horas del día, la tensión se elevó de forma coordinada en los tres centros carcelarios. En Renovación I, considerada una prisión de máxima seguridad, se reportaron incidentes graves, incluido un incendio en el interior del penal, mientras que en Fraijanes II y la zona 18 los reos tomaron como rehenes a custodios. La simultaneidad de los hechos activó protocolos de emergencia y un despliegue policial y militar para asegurar el control perimetral de las prisiones.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines son consecuencia directa de la reducción de privilegios dentro de los centros penales, en particular el endurecimiento de los controles sobre visitas y encomiendas, medidas que buscan limitar la capacidad de operación de las pandillas desde prisión.

“Estos motines son orquestados por el grupo terrorista del Barrio 18”, aseguró el funcionario, al recalcar que se trata de una reacción frente a la pérdida de beneficios que durante años permitieron a estas estructuras mantener poder y control dentro de las cárceles.

Exigencias de lujo y una negativa absoluta

Villeda identificó como figura central del conflicto a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, líder del Barrio 18 recluido en Renovación I. Según explicó, el cabecilla había exigido ser trasladado a otro centro carcelario y gozar de comodidades impropias del régimen penitenciario, entre ellas la instalación de aire acondicionado en su pabellón, el ingreso de una cama king size y comida proveniente de restaurantes específicos, además de otros privilegios.

El ministro fue categórico al cerrar cualquier posibilidad de negociación. “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes ni a devolver privilegios para que depongan sus acciones”, declaró. Añadió que, si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estas cárceles, se hará, y responsabilizó directamente a los amotinados por la vida de los guardias retenidos.

El plan se extiende fuera de los penales

Villeda también denunció que la coordinación de las acciones no se limitó al interior de las cárceles. Como parte del mismo plan, señaló que un grupo de familiares de los reclusos realizó una valla en la Ruta al Pacífico durante la mañana, con el objetivo de interrumpir el tránsito y generar caos. La protesta fue dispersada de inmediato por las fuerzas de seguridad.

El ministro agregó que, de forma paralela, se incendió un vehículo como parte de las acciones de presión y distracción. “Para que vean ustedes que era un plan debidamente coordinado y orquestado”, afirmó, al advertir que las autoridades también tienen información sobre un plan para atacar a las fuerzas de seguridad y forzar la liberación del líder del Barrio 18.