En el último día del plazo habilitado por la Comisión de Postulación para fiscal general, 60 profesionales presentaron sus expedientes. Varios de ellos son conocidos en el país por ocupar altos cargos en el Estado, por tener una trayectoria cuestionable o por tener un papel relevante dentro de la coyuntura política actual de Guatemala.

A la convocatoria, abierta desde el 16 hasta el 20 de febrero, respondieron tanto posibles aliados como opositores a la fiscal general María Consuelo Porras, quien terminará su periodo el 16 de mayo del 2026. 

Quien la reemplace en el cargo tendrá la tarea de restablecer la institución o de continuar con el legado de Porras. Además, el nuevo fiscal general podría encabezar una investigación contra ella, a consecuencia de constantes señalamientos en su contra. 

Recientemente, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelaron la vinculación de Porras con una red de adopciones ilegales que funcionó durante las décadas del Conflicto Armado Interno, entre 1968 y 1996.

Julio Saavedra, Procurador General de la institución querellante en la denuncia contra Porras, fue uno de los funcionarios que llevó su papelería al Palacio de Justicia. Declaró, en la última ronda de prensa, que estaba considerando participar en las elecciones de segundo grado.

Marco Antonio Villeda Sandoval, nombrado titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) tras la renuncia de Francisco Jiménez en octubre del 2025, también adelantó su posible participación.

‘’Todavía no lo he pensado. La verdad es que tengo mucho trabajo que hacer en el Ministerio de Gobernación. Es una cuestión que tengo que consultar con el presidente (de la República)’’, dijo a la prensa, a dos días de cerrar la convocatoria. 

Durante la entrega de su papelería, manifestó que se postuló después de un profundo análisis y consideró que podría aportar durante su posible período en el cargo.

‘’El presidente considera que es positivo que me postule. Si se diera el caso de que yo lograra la nominación, ya sería una decisión de él de nombrarme fiscal general o decidir si yo le soy más útil en el Ministerio de Gobernación’’, indicó. 

Agregó que no cree tener ventaja sobre los demás candidatos por su cercanía con el mandatario Bernardo Arévalo, quien elegirá al jefe del MP de una lista de seis profesionales, ya que estos serán seleccionados primero por la Comisión de Postulación.

Blanca Alfaro, actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral -el cual presidió durante las elecciones generales del 2023- es otra de las funcionarias que habló sobre su intención de buscar la jefatura del MP. 

Alfaro ha cuestionado la gestión del MP, refiriéndose a la criminalización emprendida contra el periodista Rubén Zamora y los líderes Héctor Chaclán y Luis Pacheco. Opinó que el próximo fiscal general deberá garantizar el respeto a los derechos de las personas que se encuentran en el exilio. ‘’En estos momentos está lacerada la confianza en la institución del Ministerio Público. Es importante que los profesionales participemos’’, expresó.

Una de las candidaturas que causó polémica fue la de Alida Adelina Arana Vicente. La comisionada Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) recibió señalamientos, que se reactivaron en redes sociales cuando se hizo pública su intención de participar, por parte de extrabajadoras, quienes la acusan de abusos de autoridad y malas prácticas en la organización.

‘’Es importante recuperar la institucionalidad. Durante los últimos años se ha utilizado el derecho penal para criminalizar, para perseguir y para generar más impunidad’’, explicó Arana Vicente, sobre sus motivos. ‘’El objeto de estar acá es marcar un precedente también, de que este país también necesita la inclusión de todos los sectores’’, concluyó.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana, fue procesada por fraude en un caso que se suspendió este mismo día en que entregó su papelería a la postuladora del MP. 

Palencia aplicó también para las magistraturas en el TSE y la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de la Presidencia este mismo año.

El secretario contra la corrupción del MP, Miguel Estuardo Ávila, es probablemente el aliado más cercano con el que contaría Porras si consiguiera dirigir la institución. En su postulación, calificó el mandato de Porras como ‘’un buen trabajo’’.

‘’Lamentablemente, se le ha distorsionado un poco mediáticamente. Pero si se dan cuenta, el Ministerio Público sigue efectuando su trabajo conforme a la ley’’, dijo. Negó que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos de las personas criminalizadas bajo la actual dirección. 

Otro personaje que se presentó fue Fernando Linares Beltranena, exdiputado por el partido de Avanzada Nacional (PAN), que quedó fuera de las magistraturas para integrar el TSE a las que también se postuló. Linares Beltranena ha sido un defensor del trabajo de Porras.