El documento expone con detalle las condiciones sistemáticas de abuso, corrupción y violencia que enfrentan personas migrantes en tránsito por Guatemala, especialmente en su paso por el oriente del país. 

Solo en 2023, Cristosal estima que agentes de la PNC extorsionaron a miles de migrantes, generando ingresos ilegales por un monto aproximado de Q293.6 millones, equivalentes a US$37.6 millones de dólares.

Una investigación desde dentro

La investigación se llevó a cabo entre agosto de 2023 y octubre de 2024, e incluyó trabajo de campo con enfoque etnográfico. Un miembro del equipo se hizo pasar por migrante para vivir personalmente las condiciones del tránsito migratorio. A lo largo del trayecto desde la frontera de Agua Caliente hasta Tecún Umán, Cristosal documentó una cadena estructurada de abusos.

El equipo realizó entrevistas a 30 grupos de personas migrantes, visitas a zonas fronterizas y colaboración con cinco organizaciones locales. A través de observación participante, también identificaron retenes —oficiales y no oficiales—, extorsiones sistemáticas, redes de trata, complicidad de empresas de transporte y sobreprecios en servicios básicos como alimentación, salud y remesas.

Uno de los principales hallazgos del informe es que los retenes ilegales son utilizados como mecanismo de extorsión. Migrantes relataron haber sido obligados a pagar montos que oscilan entre Q20 y Q100 por persona, simplemente para poder seguir avanzando por el país. Quienes no podían pagar eran detenidos, devueltos o amenazados.

Se reportaron casos de agresiones sexuales, tratos inhumanos y violencia económica. Mujeres migrantes denunciaron haber sido tocadas indebidamente por policías en lugares que que fueron descritos como “cuartos oscuros”, donde también se les requisaba buscando dinero oculto.

Una mujer migrante venezolana relató que, al llegar a Esquipulas, no encontró dónde pasar la noche y aceptó una oferta en un hotel donde le proporcionaron comida y alojamiento a cambio de prestar servicios sexuales. Poco después enfermó gravemente con fiebre y tos persistente, y fue expulsada del lugar. 

Cuando intentó recibir atención médica en el Centro de Salud de Esquipulas, se le negó el servicio por no contar con documentos migratorios. La mujer no logró identificar el nombre del hotel, pero recordaba que allí se mencionaba frecuentemente al “Jesucristo negro”.

Además, el informe revela que los migrantes son sometidos a cobros inflados en alimentación, transporte y envío de remesas. 

En algunos casos, deben pagar hasta un 15 por ciento extra por recibir dinero de familiares, utilizando documentos de identidad de terceros.

Las rutas de Esquipulas a Tecún Umán

La ruta migratoria analizada recorre puntos clave como Esquipulas, Zacapa, El Progreso y Ciudad de Guatemala. En todos estos lugares, Cristosal detectó retenes ilegales, muchos dirigidos por agentes de unidades específicas de la PNC como DIPAFRONT, SGAIA y DPF. Migrantes relataron haber sido detenidos hasta 12 veces en un solo trayecto.

En una misión de observación, un investigador de Cristosal fue hostigado por policías tras documentar los cobros ilegales. Fue seguido, detenido en un retén posterior y fotografiado por agentes. Incluso se identificó una camioneta sospechosa, posiblemente relacionada con redes de control migratorio ilegal, siguiendo al equipo.

El informe también apunta a una posible colaboración entre transportistas y policías, donde empleados alertan a las autoridades sobre la presencia de migrantes en las unidades. Esto permite detener los vehículos y exigir pagos. Empresas como Rutas Orientales fueron observadas trasladando personas migrantes que posteriormente eran interceptadas por patrullas.

En los testimonios recabados, se menciona la existencia de “guías” o intermediarios que cobran por gestionar el paso de migrantes a través de retenes. Algunos son migrantes establecidos, otros están ligados a redes de tráfico de personas.

Antecedentes: la red “Los Rs”

En octubre de 2024 el Ministerio Público y la PNC desarticularon una red de tráfico de personas denominada “Los Rs”. Esta organización estaba integrada por al menos 23 policías activos, 2 retirados y otros civiles, que facilitaban el tránsito ilegal de migrantes desde Esquipulas.

Según el MP, la red exigía pagos a migrantes a cambio de no ser detenidos y colaboraba con transportistas para realizar el traslado. La “Operación Virtus”, que desmanteló la red, incluyó 34 allanamientos en cinco departamentos y dejó un saldo de 36 personas capturadas.