Por unanimidad, la CC le dio la razón al diputado de Vamos, Ronald Portillo, y suspendió el acuerdo gubernativo 164-2021 que contiene el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. El mismo entró en vigencia el pasado 11 de febrero y había comenzado su aplicación a nivel nacional. 

La acción promovida por el parlamentario denuncia que el acuerdo transgrede el artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual resguarda la autonomía municipal.  En el documento se explica que el presidente, Bernardo Arévalo, y los ministros que autorizaron el reglamento se excedieron en su competencia constitucional porque normaron sobre la recolección, tratamiento y disposición de desechos y residuos sólidos, así como la prestación de servicios de limpieza y ornato en los territorios municipales. Disposiciones que, según Portillo y la CC, son una responsabilidad propia de las comunas y sus alcaldes.

“Es tremendamente lamentable que para la Corte de Constitucionalidad la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación. Nos parece muy curioso también que un diputado y exfuncionario de la administración de Vamos haya promovido la inconstitucionalidad a un acuerdo gubernativo de su propio gobierno”, aseguró la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, en conferencia de prensa. 

La funcionaria aseguró que la decisión de la CC ocasionará “serias” consecuencias sobre la salud de ríos, lagos y costas; incrementará la contaminación de barrancos, calles, paisajes y elevará la impunidad ambiental. 

Añadió que la medida que establecía la separación de la basura desde el origen, podía llegar a reducir hasta un 60 por ciento los desechos sólidos que llegan a los vertederos municipales.