Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, han permanecido durante más de un año en prisión preventiva, mientras el avance de su proceso se ha visto entrampado en reiteradas ocasiones debido a los cambios de judicatura a los que ha sido sometido el expediente. Ahora su caso está en manos del juez Mynor Moto.
Ambos permanecen detenidos desde el 23 de abril de 2025, luego de que el Ministerio Público (MP) los acusara por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, por el rol que desempeñaron durante las protestas pacíficas que bloquearon el país en octubre de 2023.
Cuando ocurrieron los hechos en 2023, se desempeñaban como presidente y tesorero de la junta directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente. Además de que ejercían un rol de servicio comunitario como alcaldes comunales nombrados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Maya K’iche’ de Totonicapán.
Al momento de su detención, Pacheco ejercía como viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía Minas (MEM), cargo que hasta la fecha sigue ostentando, debido a que el presidente Bernardo Arévalo ha indicado que no se nombrará a otra persona.
El avance del caso
Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas y quien ejerce la defensa legal de Pacheco y Chaclán, informó a eP Investiga que el expediente del caso finalmente ha llegado al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, que está a cargo del juez Mynor Moto.
Castro señaló que esa judicatura está revisando en estos momentos el expediente y que ahora están a la espera de que se fijen las fechas para que se realicen las audiencias que están pendientes, como la de revisión de medidas sustitutivas, así como otra audiencia para cuestionar los medios de prueba que presentaron y que no fueron aceptados, así como la audiencia de etapa intermedia.
“Esto dependerá de la agenda del del Tribunal, sin embargo, nosotros estamos gestionando para que sea lo más pronto posible porque ya llevan 14 meses sin tener juez”, dijo Castro.
El abogado también mencionó que actualmente están en discusión en la Corte de Constitucionalidad (CC) la reserva del caso, condición en la que el proceso se ha mantenido por solicitud del MP cuando era dirigido por María Consuelo Porras.
Indicó que en 2025 presentaron un amparo contra la reserva y que el Juzgado Quinto Penal, cuando estaba a cargo del caso, ya había levantado la reserva, por lo que esperan que la CC sea coherente con esa decisión.
El pasado 23 de abril de 2026, cuando cumplieron un año de prisión preventiva, el juez Fredy Orellana dio una prórroga de cinco meses para que Pacheco y Chaclán sigan en prisión preventiva.
Orellana también conoció este caso, gracias a una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que en febrero de 2026 declaró con lugar una recusación planteada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Sin embargo, el Juzgado de Orellana se excusó de conocer el expediente, no sin antes autoriza la prórroga de la prisión preventiva.
El polémico juez
Moto ha sido un juez que ha tenido varios señalamientos. En 2021 fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocida como “Lista Engel”, además, fue señalado por presuntamente participar en actos de corrupción significativa al obstruir la justicia del país y por recibir sobornos.
Cuando Moto fue incluido en la Lista Engel, se encontraba prófugo de la justicia, ya que existían dos órdenes de captura en su contra por su posible participación en casos de corrupción, una de estas fue por el caso Comisiones Paralelas y otra más por el caso Libramiento de Chimaltenango.
Moto fue beneficiado con la anulación de las órdenes de captura, por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y del juez Jimi Bremer en 2023. Además, en ese mismo año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló su regreso como juez.
