El juez Selman Mario Portillo Vargas citó al político Roberto Arzú a comparecer por un caso en el que se le señala de obstaculización a la acción penal dentro de la denuncia identificada como MP001-2025-46043, la cual habría sido promovida por la fiscal general, María Consuelo Porras. En la nota se le informa a Arzú que debe acudir en compañía de un abogado defensor de su confianza o se le asignará a un profesional del Instituto de la Defensa Pública Penal.
La defensa del político tuvo conocimiento que el MP sostuvo una audiencia unilateral con el juez Portillo Vargas, en la que pidió la captura de Roberto Arzú y la autorización de más de 20 allanamientos, pero el juez denegó las peticiones.
Arzú confirmó a ePinvestiga que acudirá a la citación del juzgado y que la denuncia fue interpuesta por la jefa del MP. Agregó que desconoce el motivo por el que se le está señalando de obstaculización a la acción penal y lo calificó como un “linchamiento político”.
“Ella (Consuelo Porras) lo que quiere es callar mi voz, no le sirvió el femicidio. Ella me quiere silenciar, me quiere meter a la cárcel a como dé lugar porque soy un problema para los que ella protege que son el pacto de corruptos”, indicó el político.
Se consultó al departamento de prensa del MP sobre la denuncia y el caso en contra de Roberto Arzú, en cuya oficina de comunicación social se indicó que harían las averiguaciones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El pasado 21 de octubre el político ofreció una conferencia de prensa en las afueras del MP en la que afirmó que Porras lo había denunciado por femicidio. Según dio a conocer, se dictaron medidas de seguridad que prohibían a Arzú a hablar públicamente sobre Consuelo Porras.
Tres días después, el 24 de octubre, el juez revocó esas medidas, pero mantuvo otras.
Otras mujeres involucradas en la política han recurrido a estas acciones legales, amparándose en la ley contra el femicidio en el país, tal el caso de Sandra Torres, secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien interpuso una denuncia en contra el equipo de editores de elPeriódico, incluyendo a la exgerente de ventas para que se les prohibiera publicar reportajes de casos de corrupción que involucraban al partido político que representa.
