Según el CNE, un aumento aislado al salario mínimo no mejora de manera integral la economía y puede generar efectos no deseados, como un incremento de la informalidad, presión desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y una menor contratación de empleo formal.
Además, advierten que dichas condiciones podrían afectar la capacidad de las PyMEs para competir frente a grandes conglomerados, pese a que este sector genera la mayor parte del empleo en el país.
Ante este escenario, el CNE exigió al Gobierno y al Congreso la construcción de una agenda integral, técnica y seria en materia de empleo y productividad.
Detallaron que esa agenda debe incluir incentivos para la formalización de empresas y puestos de trabajo, acceso a financiamiento y mecanismos de innovación financiera para las PyMEs. Además, programas de capacitación laboral y el establecimiento de metas de productividad acordes con la vocación y el potencial productivo de cada territorio.
El pronunciamiento también plantea la necesidad de un plan económico de desarrollo integral que permita fortalecer la productividad empresarial y ampliar el empleo formal y de calidad en Guatemala. En ese contexto, el CNE sostuvo que los incrementos al salario mínimo tendrían un efecto más positivo tanto para los trabajadores como para los empleadores.
El CNE subrayó que el aumento al salario mínimo no implica por sí solo un colapso económico, pero recalcó que no es suficiente si no se implementan políticas públicas que fortalezcan la productividad, faciliten la formalización y respalden a las PyMEs.









