Julio terminó con una noticia que despertó indignación en las redes sociales y en conversaciones cotidianas… Imágenes virales dieron a conocer el caso de Juana, una mujer ixil de la tercera edad que fue desalojada por un fuerte contingente de agentes policiales que presuntamente cumplían con una orden judicial en el caserío Xecoxol de Santa María Nebaj, Quiché.

A las pocas horas circularon en las redes las imágenes de una casa en llamas perteneciente supuestamente a la jueza que habría ordenado el desalojo de la anciana. La vivienda habría sido incendiada por pobladores como represalia ante la medida.

En este momento no es fácil determinar si la decisión judicial que desalojó a Juana en Nebaj fue espuria. Sin embargo, siempre es chocante ver cómo la indignación ciudadana ante el cuestionable proceder de las autoridades puede provocar el incendio de una vivienda, mientras en redes sociales se celebra la venganza al mejor estilo de quien juega “Red Dead Redemption”.

En este juego violento, tanto la anciana como la jueza parecen haber perdido su vivienda en medio de un incendio de prepotencia, confusión y emociones.  Toca ahora al sistema de justicia esclarecer estos hechos y actuar de conformidad con la ley para restaurar de alguna manera la paz perdida.

Para bien o para mal, el sistema judicial es la única garantía que tenemos los ciudadanos para el cumplimiento y efectivo goce de nuestros derechos. No es raro que las sociedades más avanzadas sean aquellas donde los jueces son probos y respetados, y los sistemas de justicia funcionan en favor de la población garantizando el orden que permita que todos los actores sociales y económicos convivan de la mejor manera posible al amparo de la ley.

Ser juez no es fácil aquí ni en cualquier parte del mundo. De sus decisiones dependen en muchas ocasiones vidas, incluidas en algunos casos las de ellos mismos. El riesgo es inherente a este cargo, tanto como la honorabilidad misma.

Pero aquí en Guatemala, ser juez sin duda puede llegar a ser una profesión extremadamente peligrosa, especialmente cuando actúan de manera independiente afectando a sectores de poder.

Basta con mencionar algunos nombres como Jazmín Barrios, Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez para comprender lo complejo y riesgoso que puede ser ejercer una judicatura en Guatemala. Sus trayectorias nos recuerdan que el ejercicio independiente de la función judicial suele traer consigo amenazas, vigilancia, atentados, campañas de desprestigio, denuncias disciplinarias o penales, retiro de inmunidad, traslados, pérdida del cargo y exilio.

Del otro lado de la moneda están los jueces señalados por corrupción, tráfico de influencias o vinculación con redes políticas. Togados que pueden ser peligrosos por sus acciones capaces de afectar a todo un país. Algunos han sido denunciados y sancionados incluso internacionalmente por prestarse a acciones ilegales e intimidatorias como Fredy Orellana, quien fue sancionado internacionalmente por actuaciones que Estados Unidos y la Unión Europea han denominado antidemocráticas y contrarias al Estado de Derecho. Jueces que siguen ejerciendo su judicatura de manera que despierta suspicacias y preocupación.

Cabe señalar que, según reportes recientes de prensa, Orellana habría favorecido al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche al dejar sin efecto una citación a primera declaración y las diligencias para que el Ministerio Público (MP) pudiera realizar allanamientos en busca de indicios por posibles delitos. Orellana comparte con Curruchiche su pertenencia a listas de regímenes de sanciones internacionales por sus acciones en contra de la democracia guatemalteca.

Está claro que no todo juez procesado es necesariamente víctima de criminalización, ni toda denuncia contra un juez demuestra su corrupción. Y si bien es obvio que en nuestro país no todo juez es corrupto, evaluaciones como el índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubican a Guatemala en el puesto 110 de 143 países señalando entre varios aspectos, un débil desempeño en justicia civil, justicia penal, ausencia de corrupción o límites al poder gubernamental.

Frente a esta triste situación, me pregunto qué podemos hacer los guatemaltecos para que el sistema de justicia cumpla efectivamente con su misión. ¿Qué podemos hacer para que el sistema judicial contribuya a nuestra democracia y nunca a la dictadura de unos jueces o magistrados que se sobreponga a la ley incluyendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos? ¿Cómo puede un ciudadano de a pie influir en este cambio que nos permita acceder a la justicia pronta y cumplida?

Conversando acerca del tema es fácil dejarse abrumar por el pesimismo y hallar respuestas no muy alejadas de la frustración, la radicalidad o incluso la violencia. Sin embargo, me da esperanza ver que un grupo de ciudadanos se hayan lanzado a promover una reforma constitucional para modificar la elección de magistrados, eliminar las comisiones de postulación y crear un nuevo diseño institucional para el sector justicia.

Estemos de acuerdo o no con la iniciativa que promueve la Asociación Poder Ciudadano, es importante aprovechar esta ventana de oportunidad que nos invita a la reflexión, a la búsqueda de salidas que puedan prevenir escenarios donde la frustración ante el actuar judicial desemboque en incendios que no beneficien más que aquellos que no aman la democracia.