La responsabilidad afectiva es un concepto que ha ganado mucha visibilidad en los últimos años, y con razón. Se trata de una noción que va mucho más allá de las relaciones de pareja y el romanticismo, para permear cada aspecto de nuestras interacciones diarias[1]. Debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones impactan a los demás. Sin embargo, llevarla a la práctica requiere una madurez emocional que no siempre es fácil de alcanzar.  Es un compromiso con la honestidad y la empatía que nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias limitaciones y a ser consecuentes con lo que decimos y hacemos.

La falta de responsabilidad afectiva radica en la incongruencia[2]. Es ese abismo que se abre entre lo que prometemos y lo que realmente hacemos. Una situación común: le decimos a una persona amiga que la acompañaremos en un momento difícil, que puede contar con nosotros para lo que necesite. Estas palabras, llenas de buenas intenciones, crean una expectativa, un ancla de seguridad para quien las recibe. Pero, si luego nuestra actitud cambia, si nos distanciamos o no respondemos a su llamado de ayuda, estamos generando una herida. Esta brecha entre la promesa y el acto es la que genera desilusión y, a menudo, un profundo dolor. La persona se siente traicionada, no porque le hayamos hecho algo malo intencionalmente, sino porque no fuimos coherentes. Nuestras palabras perdieron su valor y con ello, su confianza.

La falta de responsabilidad afectiva no se limita a nuestras relaciones personales. No soy psicóloga, ni pretendo suplantar conocimientos en la materia, pero creo que es un problema sistémico en las personas, que se manifiesta en diversos ámbitos de nuestra vida, incluyendo el profesional y el político. En el mundo laboral, por ejemplo, una persona que ejerce liderazgo que promete apoyo, recursos o un ascenso y luego no cumple, genera un clima de desconfianza y desmotivación en su equipo. La moral decae y el rendimiento se ve afectado.

Durante las campañas electorales, los candidatos se transforman en portadores de esperanza. Nos pintan panoramas luminosos donde la justicia prevalece, por ejemplo, donde quienes hemos sido perseguidos por defender la verdad encontraremos protección, donde el exilio será solo un mal recuerdo. Nos aseguran que construirán puentes para nuestro regreso digno y que las instituciones serán fortalecidas para proteger a los defensores de derechos humanos.

Yo, como tantas otras personas criminalizadas por hacer nuestro trabajo, escuché esas promesas. Creí cuando dijeron que restaurarían el estado de derecho, parecían entender nuestra realidad. Pero aquí estoy, aún en el exilio, viendo cómo las mismas estructuras de persecución siguen operando con total impunidad. Cada día que pasa sin acciones concretas, cada declaración vacía en medios de comunicación, cada excusa burocrática, es solo otra vez una falta de responsabilidad.

Cuando un servidor público promete y no cumple, no solo incumple un programa de gobierno. Traiciona la esperanza de personas reales que pusieron su confianza en un cambio posible. La responsabilidad de gobernar va más allá de administrar recursos o firmar decretos. Implica honrar la confianza de quienes creyeron en un proyecto político, especialmente de aquellas personas más vulnerables y que merecen ser protegidas.

Observo con preocupación cómo se están promoviendo iniciativas de ley para resolver problemas que, en realidad, podrían solucionarse de manera más ágil y efectiva a través de reglamentos internos en las instituciones o políticas públicas específicas. Y no se preocupan de lo que puede generar cambios estructurales, como una reforma integral a la Ley PINA.

Quiero ser clara: confío en este gobierno y creo en la integridad de quienes lo lideran. Reconozco su honestidad y sus buenas intenciones. Sin embargo, no puedo ignorar que existe una brecha cada vez más amplia entre lo que dicen y lo que realmente hacen.

Esta distancia entre el discurso y la acción me genera inquietud porque entiendo que gobernar requiere decisiones complejas, pero también necesita coherencia. Cuando veo que se recurre al Congreso para resolver temas que podrían atenderse desde el Ejecutivo, me pregunto si no se está perdiendo tiempo valioso que podría invertirse en cambios más profundos y urgentes.

Espero que esta observación se tome como lo que es: una reflexión constructiva de alguien que quiere ver cumplidas las promesas en las que muchas personas depositaron su confianza.

No les pido perfección. Entiendo que gobernar es complejo y que existen limitaciones reales. Pero sí les exijo coherencia entre sus discursos y sus acciones. Si prometieron algo deben cumplir, por ejemplo, crear condiciones para nuestro retorno seguro, trabajen por ello. Si ofrecieron fortalecer las instituciones, háganlo realidad. Lo he repetido si hasta el propio presidente está siendo criminalizado creo que hay que revisar la asesoría.

Mientras escribo esto desde el exilio, observo cómo lamentablemente son encarceladas personas que con ahínco han defendido la democracia, como lo son las autoridades indígenas, perseguidas, cómo que hubiesen cometido crímenes inimaginables. Mientras las estructuras criminales que denunciamos continúan operando y cómo la impunidad sigue siendo la norma. Y me pregunto: ¿cuándo las palabras se convertirán en acciones? ¿Cuándo veremos que el cambio prometido se materializa en políticas concretas?

La credibilidad de un gobierno no se mide por la elocuencia de sus discursos, sino por la coherencia entre lo que promete y lo que ejecuta. Ahí pues la responsabilidad afectiva en las palabras.

[1] https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/que-es-responsabilidad-afectiva/

[2] https://www.uaeh.edu.mx/gaceta/5/numero60/febrero/responsabilidad-afectiva.html