Hace un tiempo, en junio de 2017 para ser más exactos, publiqué en la Revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos, un artículo a propósito de la discusión congresil actual sobre la ley de competencia. El mismo lleva de nombre Los poderes corporativos y las enmiendas a la Ley de Competencia.

Se trata de un análisis a la iniciativa de ley 5074 que nuevamente se discute en el Congreso de la República, y de las enmiendas que fueron planteadas por los máximos dirigentes de la Comisión de Economía en febrero de 2017. Se resaltan los juegos del interés corporativo por torpedear la buena práctica de la ley, planteando incluso extremos como el indulto presidencial si, una vez agotado el debido proceso, algún agente económico es hallado culpable de prácticas anticompetitivas.

Señalé además, con nombres y apellidos, la invasión de la esfera pública y estatal por los intereses privados que, en el trópico, no tienen el más mínimo deseo de ajustarse a la prescripción del Artículo 130 constitucional que prohíbe los monopolios y privilegios.

En aquella oportunidad los ponentes de tal comisión eran María Eugenia Tabush, Carlos Enrique Chavarría y un típico representante de los intereses corporativos como lo es Juan José Porras, actual representante del CACIF en el INDE, y que en aquellos tiempos formaba parte de la bancada VIVA.

Recuerdo, como si fuera ayer, haber hablado inmediatamente con Carlos Chavarría, de CREO, y él inmediatamente me recibió en su despacho, y convocó a nuevas mesas de discusión sobre las modificaciones planteadas, que pretendían quitarle dientes a las regulaciones sobre los abusos diarios de los monopolios que afectan de manera directa a los consumidores.

Tanto Tabush como Porras no habían firmado el dictamen original, que espero sea el punto de encuentro de la actual discusión congresil. Fueron ambos los más fervientes defensores de las reformas planteadas. A las mismas se unían otros diputados de tal comisión, como lo eran Luis Pedro Álvarez y Fernando Linares Beltranena, de clara etiqueta conservadora y pro-corporativa.

¿Qué se quería cambiar? El análisis pormenorizado aparece en mi artículo. Se trata por ejemplo de flexibilizar regulaciones sobre la propiedad intelectual, que como bien sabemos impone poderes monopólicos absolutos si no se trata con cuidado, en beneficio del consumidor.

Para citar tan sólo un ejemplo: en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Guatemala, a diferencia de Costa Rica, aceptó como oveja, las imposiciones de la denominada Big Pharma corporativa de los medicamentos, de no internar medicina genérica reconocida internacionalmente, durante los veinte años que dominen el principio activo de medicamentos de marca. Así un medicamento como el recomendado a los hipertensos, tal cual es el Aprovel, tiene un precio diez veces mayor a sus genéricos bien aceptados internacionalmente. Es por ello que diversos países latinoamericanos han aprobado la práctica de licencias obligatorias, para internar buena medicina genérica. Resulta ser este un tema que este escribiente trató insistentemente en la Junta Directiva del IGSS, pero nunca se comprendió por su tecnicismo y por la falta de especialización del cuerpo burocrático.

En mi artículo que comento escribí: «Resulta vital, entonces regular la concentración del mercado de medicinas de marca, principalmente en referencia a los contratos de distribución que las distribuidoras oligopólicas firman con Big Pharma, principalmente en referencia a las licitaciones y los contratos abiertos» https://issuu.com/ipnusac/docs/revista_impresa_no._20/240

Se trata de temas muy técnicos y complejos. Ojalá que estos nuevos tiempos de discusión pública estén a la altura de las circunstancias.

Edgar Balsells es analista social e interesado en programas y proyectos que impulsen la acción colectiva. Investigador de FLACSO Guatemala y consultor económico-financiero.