La reciente fuga de veinte reos del penal de “máxima” seguridad -Fraijanes II- no sólo pone de manifiesto las aún graves fallas y debilidades en materia del sistema penitenciario y de seguridad, sino que reproduce una amplia radiografía que desencarna la debilidad del Estado guatemalteco.

La fuga de esos mareros de alta peligrosidad no se trató de una simple evasión carcelaria. Esto se trata de una fuga de poder, de control y de justicia.

En sí, lo ocurrido pone al desnudo la profundidad de la corrupción que continúa operando desde adentro, desde el mismo poder.

Esa aún persistente red corrupta no logra ser derrocada y es evidente como ésta ha logrado adaptarse para seguir operando y de ser posible, reinstalarse nuevamente en la cúspide de todo el aparato gubernamental.

Estamos claros en que ha habido determinados cambios, pero los mismos siguen siendo insuficientes para la magnitud del problema, teniéndose siempre dos factores importantes en contra: la falta de equipos sólidos, de confianza y el tiempo.

Finalmente se trata de una estructura criminal que ha sabido infiltrarse, comprar y manipular voluntades desde adentro de las instituciones de poder y del sistema en sí.

Sería demasiado iluso seguir pensando que detrás de esa maraña sólo se trata de bandos entre buenos y malos, componiéndose todo esto de grandes complicidades, que precisamente fracturan esas confianzas y minan cualquier posibilidad de consolidar cuadros sólidos de trabajo que permitan enfrentar a ese monstruo de diez mil y una cabezas, llamada corrupción.

En buena medida, se está enfrentando, sin embargo, una fuga como la arriba mencionada, devela que todo esto es algo todavía más perturbador, construido con la participación de funcionarios, fiscales, políticos y un largo etcétera que juntos han construido y facilitado -por acción u omisión- la ruptura del Estado de Derecho guatemalteco.

Todo apunta con mucha claridad a que la estructura mafiosa que corrompe al Estado no corre por los costados ni por las sombras, sino aún por las vertientes centrales que constituyen la columna vertebral de muchos despachos del gobierno.

De sobra sabemos pues, que este episodio representado en la fuga de reos es apenas una ventana a la magnitud del problema. Las cárceles en este país siguen siendo sólo un reflejo de un sistema institucional totalmente podrido desde su raíz.

Decirlo una y otra vez, no provocará ningún cambio, pero el asunto resulta tan complejo e irónico que dejar de decirlo compromete aún más esa lucha anticorrupción y la activación de la ciudadanía para traspasar la barrera de; sólo ser espectadores y finalmente colaborar.  Caer en la ignorancia e indiferencia sería un síntoma peligroso que podría propiciar un panorama aún más desolador, como el absoluto colapso institucional.

Por lo tanto, se debe tener muy claro que el crimen organizado y la corrupción institucional son dos caras del mismo poder, que, a pesar de las buenas intenciones y gestiones del actual gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, no ha logrado permear en muchas esferas de este, impidiéndole ejercer una lucha frontal contra aquella.

Las preguntas obligadas siguen presentes y al parecer seguirán estando, sin claras respuestas y conclusiones.

Igualmente se seguirán haciendo para no caer en esa indiferencia: ¿qué más se necesita y se puede hacer?; ¿cuándo se comenzarán a ejercer más acciones y a tomar decisiones cargadas de mucha más estrategia que impidan un retroceso imparable?

Se tiene claro que decirlo y escribirlo es fácil -y no es la primera vez que se acepta- pero también está claro que en múltiples ocasiones se ha manifestado la importancia de la participación ciudadana para que esto no sea tarea de unos pocos, sino de todos.

Resulta contradictorio llamar a la unidad y trabajar de forma unánime, si no existen las aperturas necesarias y las confianzas suficientes para consolidarlo. Se evidencia una débil configuración de cuadros y equipos de trabajo sólidos, que impiden gobernar con eficacia y transparencia. Existe una mezcla de falencias, que arrastran ya sea inexperiencia, ausencia de principios éticos o  deconfianzas.

Los hechos muestran una cruda realidad y es la fragilidad de un Estado completo que no logra desarticular los hilos de una red mafiosa, que se extiende por todo el aparato estatal y que intenta retomar el absoluto poder.

El presidente Arévalo gobierna sobre un terreno minado: un Congreso repleto de intereses oscuros, un Ministerio Público totalmente cooptado y un sistema judicial deficiente y comprometido con las mafias y el crimen organizado. En un tablero como ese, es muy poco lo que una pequeña estructura de poder, no corrupta, puede hacer, sin que el sistema le devuelva un golpe.

Lo anterior pareciera excusa, pero tristemente es una absoluta realidad. Las buenas intenciones y los pequeños equipos de trabajo existentes con todas las características necesarias para ser eficaces son pocos e insuficientes, por lo que irá siendo necesario lograr una mayor apertura para consolidar más grupos, fuertemente estructurados que permitan anclar los tan anhelados avances.

La deficiente institucionalidad pinta un escenario alarmante: un Estado capturado, debilitado y en colapso funcional que podría conducirnos nuevamente al pasado.

Mientras el Ejecutivo reacciona con comunicados y cambios de funcionarios, las estructuras corruptas siguen operando con total impunidad, controlando presupuestos, elecciones y decisiones judiciales.

Por ello, el verdadero desafío no estará en sólo recapturar a los fugados y en uno que otro buen nombramiento, sino en seguir formando cuadros de trabajo multidisciplinarios, cimentados en esas necesarias alianzas estratégicas que puedan apoyar y amplificar las decisiones y acciones del Gobierno.

Por lo tanto es necesario vencer los miedos y construir confianzas para recuperar la institucionalidad perdida y derrocar a esa élite corrupta.

Será muy importante entender la necesidad de abrirse un poco, asumiendo los riesgos intrínsecos a ello, consolidando muchos más equipos de trabajo, basados en confianza, que permitan poner de manifiesto tanto la experiencia, los principios éticos y la voluntad política.

Fortalecer los procesos de elección de segundo grado, también será fundamental, pues en todos estos nuevos nombramientos se consolidarán precisamente esos nuevos grupos de trabajo, que traerán la fuerza necesaria que determine el fortalecimiento y la reestructuración institucional.

Sin jueces y magistrados independientes, sin fiscales comprometidos y sin un sistema conformado por diversos grupos de trabajo, basados en la apertura y confianza, ningún gobierno, por más puro e idealista que sea, podrá derrotar a las mafias que han colonizado el poder.