Ayer, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, apareció nuevamente en Canal Antigua intentando justificar la caída de los casos más emblemáticos y desacreditar el trabajo de la antigua FECI y de la CICIG.

Nada nuevo: el discurso es el mismo que repite desde hace años para encubrir su propio fracaso y proteger a quienes hoy garantizan su permanencia en el cargo.

La CICIG y la FECI no fueron una “comisión de la impunidad”. Fueron el resultado de un acuerdo internacional legítimo, ratificado por el Congreso de la República, y sus actuaciones siempre estuvieron bajo control judicial. Cada orden de captura, cada allanamiento y cada acusación fueron autorizadas por jueces competentes y revisadas por tribunales y por la Corte Suprema de Justicia.

Los resultados están a la vista: La Línea, Cooptación del Estado, IGSS-Pisa y otros procesos concluyeron con condenas, producto de investigaciones serias y apegadas al debido proceso.
Ni siquiera los tribunales hoy cooptados por el pacto de impunidad se han atrevido a calificar esas causas como ilegales o fabricadas.

Curruchiche también miente sobre la figura de la colaboración eficaz, que no está en el Código Procesal Penal, sino en los artículos 90 al 96 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esa herramienta se aplicó con control judicial, participación del Ministerio Público y defensa técnica obligatoria. Afirmar que los convenios firmados por la antigua FECI fueron “fraudulentos” no es más que una calumnia, un prejuicio malintencionado y una muestra de su absoluta falta de rigor profesional.

En cuanto al caso Odebrecht, la manipulación existió, pero no en la etapa en que se descubrieron los sobornos, sino después, bajo su dirección. Rafael Curruchiche intervino el expediente para beneficiar a los dos principales intermediarios del dinero ilícito y encubrir a un centenar de legisladores que recibieron comisiones ilegales a cambio de aprobar los préstamos y contratos con la constructora brasileña.

En lugar de investigar a los verdaderos responsables, persiguió a quienes se atrevieron a denunciar el entramado de corrupción. Así, el Ministerio Público dejó de perseguir delitos para convertirse en refugio de los corruptos.

Tampoco es casualidad que esas declaraciones se hayan hecho precisamente en Canal Antigua, un medio que, según investigaciones judiciales de la FECI, cuando estuvo a mi cargo, fue financiado con dinero proveniente de sobornos y utilizado para lavar activos. El canal que en su momento sirvió para blanquear dinero hoy se usa para blanquear discursos.

La FECI actual, bajo la conducción de Curruchiche, dejó de ser una fiscalía técnica de investigación para transformarse en un instrumento político. Persiguen a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras se archivan causas que involucran a funcionarios y empresarios cercanos al poder.

Esa selectividad destruye la confianza ciudadana y viola el principio de objetividad que debe regir toda persecución penal.

La comunidad internacional lo ha reconocido con claridad. Tanto Rafael Curruchiche como la Fiscal General Consuelo Porras fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por otras cuatro decenas de países por obstruir la justicia y socavar la democracia y la lucha contra la corrupción.

Hoy, ninguna agencia estadounidense mantiene cooperación con la actual FECI, una fiscalía que perdió independencia, credibilidad y ética profesional.

El verdadero deterioro del Estado de Derecho no proviene de las investigaciones del pasado, sino del uso político del Ministerio Público en el presente. La persecución selectiva, la manipulación de procesos y el acoso contra operadores de justicia han debilitado profundamente nuestras instituciones.

Curruchiche puede golpear la mesa ante las cámaras, pero el ruido no oculta la verdad: su gestión convirtió a la FECI en un espejo roto de lo que alguna vez fue la lucha contra la impunidad.

Guatemala no necesita fiscales serviles ni medios comprados. Necesita memoria, independencia y coraje. Porque la justicia no se grita: se demuestra con hechos.