Tanto Stuardo Campo como Joviel Acevedo son servidores públicos. Después, me parece, no tienen nada en común. Absolutamente nada. Uno de ellos es un destacado fiscal anticorrupción que cumplió sus deberes con dignidad y decoro. ¿Su recompensa? Se encuentra detenido arbitrariamente desde hace más de dos años. Acevedo, por su parte, es un delincuente rapaz, beneficiario de años de expolio del erario e íntimo aliado de una seguidilla de gobiernos complacientes y corruptos. Su gratificación, en cambio, es la total, absoluta y más abyecta impunidad. Esto es indignante por sí mismo, pero la infamia no termina allí.

El contraste entre Stuardo Campo y Jodiel Acevedo no es más que otro ejemplo del statu quo que sendos grupos de interés han defendido vehementemente desde 2015. El esfuerzo por dejar las “cosas como están” resultó en la elección de Consuelo Porras como fiscal general, el desmantelamiento del Ministerio Público (MP), la recaptura de numerosas instituciones de control democrático, como la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, y otra larga lista de retrocesos en la institucionalidad que ya todos conocemos.

Pero algo que, a mi criterio, no genera la suficiente indignación colectiva es el desperdicio de recursos públicos que implica la campaña de persecución política librada desde el MP. El fin último, sin duda, es asegurarle impunidad a los aliados, promotores y patrocinadores del grupo criminal que controla la fiscalía general.

El costo social de ese desperdicio es que recursos del sistema de justicia que deberían estar enfocados a combatir fenómenos criminales complejos, como las extorsiones, la delincuencia organizada o la violencia de género, son dedicados en perseguir a personas inocentes sobre pretextos fundados en nimiedades administrativas que de ninguna forma deberían ser motivo de persecución penal. Virginia Laparra, por ejemplo, por presentar una denuncia; Claudia González por solicitar un antejuicio, y Eduardo Masaya porque se le pasó una firma en un acta. 

Cada uno de los procesos espurios promovidos desde Gerona implican el desvío de horas de trabajo de fiscales, auxiliares fiscales, jueces y su respectivo personal auxiliar, y personal del Ministerio de Gobernación. Este capital humano debería estar enfocado en cosas más importantes para la ciudadanía guatemalteca.

Quizás por ese desperdicio de recursos es que, recientemente, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por medio de un estudio, encontró que la eficacia del MP se redujo a un 6.44% durante la gestión de Consuelo Porras. Esto quiere decir, entre otras cosas, que en promedio “cada fiscal o auxiliar fiscal resuelve solamente ocho casos de manera eficaz al año”. Lo anterior, contrasta con el incremento presupuestario de 162% que ha gozado la fiscalía general.

El informe del INECIP titulado ¿Eficacia o impunidad?, en el cual se examinó el desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras entre 2018 y 2025, también encontró que “muchos de los casos de gran corrupción investigados por [FECI y CICIG] fueron cerrados mediante prácticas maliciosas para favorecer a sindicados de alto perfil político y económico.”

Por otro lado, la Convergencia por los Derechos Humanos, en su informe Caro, Ineficiente y Corrupto, también encontró tendencias preocupantes en la decreciente eficacia del MP para combatir delitos graves, como extorsión, robo agravado, delitos contra la vida y violencia contra la mujer.

Los mencionados hallazgos son consistentes, además, con los datos de La Balanza, la herramienta de Diálogos que cuantifica, entre otras cosas, el porcentaje de casos en impunidad y los resultados del procesamiento de las denuncias y los expedientes que ingresan al sistema de justicia.

Algo no cuadra. El MP aduce que ha aumentado su cobertura a nivel nacional y recibe más dinero que el Organismo Judicial, pero sus resultados más relevantes son centenares de personas en el exilio, decenas de personas corruptas en libertad, y un decidido incremento en la impunidad.

Esos datos no son solamente números en una gráfica; sino que tienen efectos palpables. El Observatorio de la Violencia de Diálogos ha advertido sobre tendencias preocupantes en la violencia homicida del país. Hoy por hoy, no tenemos información sobre las posibles explicaciones de esas tendencias, pues no contamos con un MP capaz de identificar, desarticular y procesar a las organizaciones criminales responsables de esos crímenes graves.

Los costos sociales de la permanencia de la organización criminal que controla el MP incrementan día a día y son difíciles de cuantificar. Reconstruir la institucionalidad no será tarea fácil. Las personas que busquen reemplazar a Consuelo Porras deben ser conscientes de los enormes retos que enfrentarán.

Mayo de 2026 no puede venir lo suficientemente pronto. Especialmente para personas como Joviel Acevedo y Stuardo Campo.