Foto: Archivo CIDH

El pasado 1 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Su principal conclusión no debería sorprendernos: existe una crisis de derechos humanos debido a la persistencia de estructuras de poder que perpetúan la impunidad, la corrupción y la exclusión social.

El informe de la CIDH, resultado de una visita al país en julio de 2024, documenta cómo la instrumentalización del sistema de justicia ha sido uno de los principales mecanismos para socavar la democracia y los derechos fundamentales. El Ministerio Público (MP), lejos de asumir su función fundamental de combate a la impunidad, se ha convertido en un instrumento de persecución política de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas. Según información recibida por la CIDH, al menos 50 personas que laboraban como operadoras de justicia han sido forzadas al exilio.

Además, la CIDH resaltó cómo el MP les ha asegurado impunidad a cientos de personas implicadas seriamente en diversos crímenes graves, incluyendo casos relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno y gran corrupción. En paralelo, la Comisión hizo notar que “entre 2018 y 2024, únicamente el 8,6% de denuncias [recibidas por el MP] resultaron en acusaciones formales o sentencias, mientras que el 87% fueron archivadas o desestimadas, lo que corresponde a más de 3 millones de denuncias”. Además, hizo énfasis en el desmantelamiento de la fiscalía de derechos humanos.

Para la CIDH, el debilitamiento del sistema de justicia alcanzó su clímax durante las elecciones de 2023, cuando el MP y algunos jueces fueron parte de un esfuerzo para intervenir directamente en los resultados e intentar impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Es decir, un intento de ruptura del orden constitucional. En ese contexto, un poder judicial verdaderamente independiente habría servido como un freno frente a los ampliamente documentados abusos del MP.

Por otro lado, la Comisión aborda uno de los nudos gordianos de nuestro sistema de justicia al subrayar la enorme deficiencia que implica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concentre funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias. Reitera las duras palabras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados que consideró que ese aspecto de nuestro diseño constitucional es “intrínsecamente problemátic[o]”. No se trata de una elevada construcción jurídica, sino más bien un conflicto de intereses muy básico: “[la CSJ es] el mismo órgano que revisa resoluciones de los jueces de tribunales inferiores [y que] también controla sus carreras.” Esto quiere decir que todas las juezas y jueces de poder judicial son vulnerables a ser presionados por la CSJ, la cual, a su vez, se encuentra “políticamente comprometida.”

La CIDH llamó al Estado a hacer los cambios necesarios para “la separación efectiva entre las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema, mediante el fortalecimiento y la autonomía plena del Consejo de la Carrera Judicial.” La única forma de lograr estos cambios de manera duradera es a través de una reforma constitucional. De ser implementados de acuerdo con lo que la evidencia empírica sugiere que son las mejores prácticas, permitiría una carrera judicial basada en méritos y no en afinidades gremiales o políticas.

Pero la crisis de derechos humanos detallada no se limita al ámbito de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. El informe de la CIDH también resalta cómo la desigualdad, la pobreza y la discriminación estructural siguen marcando la vida de millones de personas guatemaltecas, especialmente de aquellas pertenecientes a pueblos indígenas. Por ejemplo, departamentos como Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Baja Verapaz, donde la mayoría de la población es indígena, “muestran porcentajes de pobreza por encima del 80%”. Además, la CIDH señala que solo el 7% de la población que vive en el área rural, donde predominan las poblaciones indígenas, tiene acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Asimismo, la Comisión se refirió a las afectaciones diferenciadas que enfrentan otros grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad en el país, como las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, las personas LGBTIQ+, las personas con discapacidad, las personas en situación de movilidad y las personas privadas de libertad.

El informe de la Comisión es un panorama detallado de cuáles son algunos de los desafíos más graves e importantes para el país. Es una hoja de ruta para los tomadores de decisión y, a la vez, una herramienta imprescindible para que la sociedad civil pueda fiscalizar y pedir la rendición de cuentas. Estos insumos son especialmente importantes para el próximo año en el que tendremos renovación de autoridades cruciales para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. La sobrevivencia de nuestra democracia depende de ello.