Violencia, allanamientos y alertas internacionales tensan el panorama político del fin de semana

La localización de varios cuerpos en Palencia llevó al presidente Bernardo Arévalo a ordenar públicamente a su nuevo ministro de Gobernación que inicie una ofensiva estatal contra el crimen. En paralelo, el Ministerio Público (MP) realiza allanamientos vinculados a presunta corrupción en el Sistema Penitenciario, luego de la destitución del ministro de Gobernación. Y desde Bélgica, la organización interreligiosa Centinelas y la exfiscal Samari Gómez advirtieron sobre el uso de la criminalización y la intimidación política como amenazas a los procesos democráticos de 2026 y 2027.

Ricardo Quinto Fotos: Carlos Alonzo

octubre 25, 2025 - Actualizado octubre 25, 2025

El hallazgo de ocho cadáveres en el kilómetro 21 de la carretera al Atlántico, provocó que el presidente Bernardo Arévalo se pronunciara esta mañana en sus redes sociales Desde su cuenta oficial en X, el mandatario escribió: “He instruido al nuevo ministro de Gobernación a actuar con toda la fuerza del Estado ante el hallazgo ocurrido en Palencia. No habrá impunidad. Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados.”

El mensaje fue difundido pocas horas después de que los Bomberos Voluntarios reportaran haber encontrado ocho cuerpos envueltos en nylon bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia.

Los ocho cuerpos fueron localizados debajo del puente San Juan, ruta al Atlántico, jurisdicción Palencia.

El macabro suceso ocurrió la noche del viernes, apenas horas después de la juramentación del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien sustituyó a Francisco Jiménez.

Requisa y allanamientos

Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) informó sobre una serie de acciones judiciales enmarcadas en la investigación denominada “Corrupción en el Sistema Penitenciario”.

Por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), el MP ejecutó una requisa en el Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II, así como allanamientos en dos inmuebles ubicados en las zonas 10 y 15 de la Ciudad de Guatemala. También se efectuaron capturas, aunque las autoridades argumentaron que no pueden dar más información, ya que como es usual, el caso se encuentra en reserva judicial.

Se desconoce la identidad de los capturados por el caso de la fuga de 20 pandilleros.

De acuerdo con el MP, las diligencias buscan fortalecer las pesquisas sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema carcelario. Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que los allanamientos tendrían como objetivo la captura del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la evasión de 20 reclusos pertenecientes a la pandilla Barrio 18 desde la cárcel de Fraijanes II.

Diversos medios de comunicación documentaron que Jiménez habría abandonado el país desde el jueves. Mientras el presidente Arévalo indicó ayer durante una conferencia de prensa que desconoce el paradero de su exfuncionario.

Alerta desde Europa

Desde la ciudad de Menen, Bélgica, miembros de la organización interreligiosa Centinelas por la Dignificación del Estado, junto a otros integrantes de la misma en el país, ofrecieron una conferencia de prensa y emitieron un comunicado tras recibir el Premio Quetzal a los Derechos Humanos y la Democracia.

La organización interreligiosa Centinelas condena la persecución penal, uso de la criminalización y el acoso judicial para silenciar a defensores de derechos humanos y periodistas.


La delegación presentó un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación por la utilización de la violencia y la criminalización como herramientas para influir en las elecciones de 2026 y 2027.

“Denunciamos enérgicamente el uso de la criminalización, la persecución penal y el acoso judicial como armas políticas para silenciar, intimidar y desacreditar a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, activistas sociales y actores políticos”, señaló la organización en su comunicado.

La agrupación Centinelas en Guatemala asegura que, si los procesos de renovación institucional —como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público— son cooptados por la intimidación o el tráfico de influencias, la democracia guatemalteca quedará aún más debilitada.

El documento concluye con un llamado a la comunidad internacional a mantener una vigilancia constante y a la ciudadanía a “no caer en la indiferencia”, exhortando a ejercer la fiscalización ciudadana de cara a los procesos de 2026 y 2027.

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