Este viernes 29 de agosto fue entregada al congreso una iniciativa que busca reformar la Ley del Organismo Ejecutivo a través de la creación de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia (SIP). Esta instancia pretende ser la responsable de la prevención, detección y combate a la corrupción, así como promover la integridad, ética, transparencia y rendición de cuentas dentro de dicho poder del Estado.
La propuesta consta de seis artículos y, según las autoridades, surge de la necesidad de crear una dependencia que pueda continuar con las prácticas anticorrupción durante las próximas administraciones de gobierno.
De ser aprobada, la ley contempla que la nueva secretaría promueva políticas, normas y lineamientos anticorrupción para ser aplicados en las instancias de gobierno. Así mismo, establece la creación de mecanismos de detección de irregularidades como “acciones u omisiones de incumplimiento de normas éticas o legales que afecten negativamente la función pública”.
La SIP tendrá la potestad de crear sedes o enlaces en el territorio nacional y podrá requerir documentos e información a los órganos que integran el Organismo Ejecutivo, en materia de su competencia.
Entidades anticorrupción fallidas
La comisión anticorrupción del presidente Bernardo Arévalo se creó a partir de la reforma del acuerdo gubernativo 28-2020, emitido durante la gestión de Alejandro Giammattei. Esta entidad también estuvo integrada en su momento por el exdirector ejecutivo del Centro de Gobierno y sancionado por corrupción con la Ley Global Magnitsky, Luis Miguel Martínez.
Pero Arévalo y Giammattei no son los únicos mandatarios que han creado “órganos” para el combate de la corrupción y que al final de cada período presidencial desaparecen.
En el 2001, el gobierno de Alfonso Portillo creó la Comisión Presidencial para la Transparencia de la Gestión Pública y contra la Corrupción, por medio del acuerdo gubernativo 174-2001. Óscar Berger hizo lo propio el 1 de marzo de 2004 con una comisión similar según el acuerdo gubernativo 91-2004.
Después fue el turno de Álvaro Colom con la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción creada el 3 de marzo de 2008. En el 2012, la propuesta llegó desde la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías por medio de la Secretaría de Control y Transparencia, que después pasó a ser una comisión. Baldetti fue condenada a 16 años de prisión por el caso de defraudación aduanera denominado “La Línea”.
Para el analista Renzo Rosal, no está definido el valor agregado que propone la creación de la SIP, porque una secretaría es una instancia de asesoría que no ejecuta proyectos debido a que tiene una prohibición constitucional.
Las secretarías únicamente coordinan con otros órganos y tendría que definirse si entre ellos se incluirá a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y al Ministerio Público (MP).
“Podría ser una iniciativa sujeta al desgaste del Ejecutivo. Es decir, lo que hace es comenzar a advertir a la oposición. ¿Qué ha hecho la Comisión Contra la Corrupción? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cuáles son sus resultados?”, explicó Rosal sobre la aceptación que podría o no tener la propuesta en el Congreso.
Agregó que debe analizarse si la propuesta no está sujeta a inconstitucionalidades, porque podría reñir con las atribuciones que debería llevar a cabo la Contraloría General de Cuentas y la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Resultados de la CNC y compras opacas en la administración
Las autoridades actuales justifican que, en la actualidad, la CNC depende de la Secretaría General de la Presidencia. Esto no permite que la comisión pueda generar proyectos multianuales que se extiendan después de diciembre de 2028. Su presupuesto actual es de Q26 millones y medio, lo que representa el 0.016 por ciento del Presupuesto General de la Nación asignado al combate de la corrupción en el Ejecutivo.
Aun así, su eficiencia es cuestionable, pues dentro del gobierno de Bernardo Arévalo se han dado adjudicaciones opacas en algunos ministerios. En 2024, el Fondo para la Vivienda (Fopavi) pagó Q94.9 millones a un listado de empresas que han sido señaladas de corrupción. También está la reciente adjudicación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a una empresa vinculada a Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Dependerá del Congreso
El Ejecutivo aseguró que se han tenido conversaciones con diversas bancadas para promover la aprobación de la ley antes que finalice el mandato del presidente Arévalo. Consultados varios diputados, únicamente se pudo constatar el apoyo de la facción de la Unidad Nacional de la Esperanza, liderada por Adim Maldonado.
El parlamentario aseguró que en el esfuerzo para combatir la corrupción no se visualizan complicaciones para apoyar la propuesta, porque la nueva secretaría se va a enfocar en las dependencias del Ejecutivo y no en municipales o entidades descentralizadas.
Sin embargo, ese mismo acercamiento no ha existido con otros bloques mayoritarios. El diputado Luis Aguirre de Cabal negó tener conocimiento de la iniciativa, mientras que Héctor Aldana de Vamos aseguró que no ha existido socialización de la propuesta.
“Esto pareciera seguir premiando a sus amigos de campaña y, lejos de buscar consensos en el Congreso por el bien del país, lo han entrampado (…) pero más allá del contenido, es crear más burocracia y posible duplicidad de funciones”, afirmó Aldana.
