En un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su “profunda preocupación” por la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y advirtieron que debilita los controles sobre el uso de fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Según los señalamientos, la norma permite el traslado automático de recursos extraordinarios sin que existan convenios de ejecución firmados, lo que abre espacio a un manejo discrecional y limita la supervisión ciudadana. 

Además, contempla la agilización de trámites mediante el “silencio administrativo afirmativo”, reduciendo la capacidad de revisión técnica y legal, con el riesgo de aprobar proyectos sin análisis adecuado.

Las organizaciones también alertaron que los desembolsos solo estarán vinculados a la firma de convenios, sin requisitos de verificación o fiscalización técnica, lo que facilitaría transferencias directas de grandes sumas de dinero sin controles efectivos. Asimismo, señalaron la ausencia de mecanismos claros para la devolución de fondos no utilizados y la falta de sanciones ante posibles irregularidades en obras públicas.

“Estos cambios representan un grave retroceso en la lucha nacional e internacional contra la corrupción, debilitando la fiscalización institucional y ciudadana, y favoreciendo la opacidad en el uso de recursos públicos”, indica el comunicado.

Finalmente, Acción Ciudadana y el CIIDH exhortaron al presidente Arévalo a vetar el Decreto 7-2025, honrar el mandato ciudadano de transparencia y proteger los avances logrados en materia de rendición de cuentas.