Según la PGN, la medida fue adoptada debido a que el Comité Ejecutivo del sindicato no hizo efectivo el pago de las costas judiciales, pese a haber sido requerido conforme a lo establecido en la legislación.

El proceso está relacionado con los amparos promovidos para evitar la suspensión de clases en los centros educativos y garantizar la continuidad de los servicios educativos. Dentro de esos procesos también se emitieron resoluciones judiciales contra integrantes del STEG por el incumplimiento de órdenes dictadas por los tribunales.

Las costas procesales corresponden a los gastos en los que incurre la parte que resulta favorecida en un proceso judicial y que pueden ser reclamados a la parte vencida. En este caso, según la información proporcionada, el monto reclamado no incluye honorarios de abogado, debido a que el profesional que representa al Estado recibe su remuneración de fondos públicos.

El cobro de los Q3 mil 160 se deriva de un incidente, es decir, un proceso accesorio al juicio principal de amparo. La PGN solicitó el pago al considerar que la parte que obtiene una resolución favorable tiene derecho a recuperar los gastos en los que incurrió para ejercer su defensa dentro del proceso.

La resolución establece el embargo definitivo de las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional del STEG, liderado por Joviel Acevedo, hasta cubrir el monto determinado por concepto de costas judiciales.

Convocan a asamblea general

El STEG y la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) convocaron a una asamblea general masiva para este jueves 13 de agosto a las 8:00 horas en la Plaza de la Constitución. 

Entre sus principales demandas destacan el traslado de los docentes contratados bajo los renglones 021 y 022 hacia la plaza fija 011, el rechazo a las reformas de la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio y el incremento urgente a Q25 del programa de alimentación escolar, junto con la entrega de ropa, calzado y un vaso de leche diario para la niñez. 

Asimismo, la cúpula magisterial sumó exigencias de carácter socioeconómico al exigir la fiscalización del precio de los combustibles, el control del costo de la canasta básica y una respuesta concreta del Ejecutivo ante la crisis de inseguridad que impacta al país.