En la denuncia, la Contraloría documentó hallazgos por Q32.4 millones, que es el costo que tendría la remodelación del recinto deportivo. La CDAG ya había realizado un pago de Q9.5 millones por la obra, que tenía un avance físico del 29 por ciento.
La acción legal presentada por la Contraloría ocurre luego de que se realizó un proceso de auditoría en el estadio, donde se determinó que existieron fallas desde las bases de la licitación, además de que se omitieron criterios técnicos para evaluar la experiencia de los oferentes.
Las personas demandadas por la Contraloría, que incluye a exfuncionarios y actuales funcionarios de la CDAG, son:
Gerencia
- Luis Néstor Madrid González, gerente
- Laura Elizabeth Melchor Anleu, gerente administrativo
Dirección
- Erwin Edgardo Barrientos Aquino, director de Compras y Contrataciones
Junta Directiva
- Flor de María Donis Paz, primera vicepresidenta
- Marco Antonio Cabrera Barahona, segundo vicepresidente
- Luisa Fernanda Barquín Galván, vocal primero
- Jorge Adolfo Molina Leonardo, vocal segundo
- María Mercedes Weber Kaufmann, vocal tercero
Proceso de contratación
- Jackeline Zusceth Jerez Chávez, coordinadora del proceso de cotización
Junta de licitación
- Bayron Leonardo Solórzano Gramajo, integrante de la junta de licitación
- Glenda María Mejía Díaz Vega, integrante de la junta de licitación
- Mónica Gabriela Baten López, integrante de la junta de licitación
El contrato entre la CDAG y la empresa Bremart tenía establecido un plazo de 11 meses para la finalización de las obras, lo que no ocurrió, dejando al estadio inservible. La CDAG ha realizado únicamente reparaciones menores, como en los baños y las butacas.
El diputado Orlando Blanco, quien solicitó la auditoría sobre el proyecto de remodelación del estadio, dijo que esto demuestra que se aprobaron las bases de licitación con irregularidades y falta de criterios en el apartado relativo a la experiencia del oferente.
Blanco señaló que entre las irregularidades detectadas están la colocación de una gramilla híbrida para el campo de fútbol y la pista de atletismo, así como la falta de inclusión de requisitos en el que se garantice el suministro oportuno y legítimo de los materiales para terminar la obra.
