La fiscal del Ministerio Público (MP), Leonor Morales, pidió que la presidenta del CANG, Patricia Gámez, fuera revisada para entregar sus celulares, pero indicó que solo tenía uno institucional que estaba cargando.
Ante esto, una agente policial le hizo una revisión desde los brazos hasta sus piernas para verificar si tenía un dispositivo con ella. Gámez esperó con las manos detrás de la cabeza y respondió que esta acción era en cumplimiento de la orden del MP.
Esta es una de las imágenes que deja la jornada de este 12 de febrero, en la que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones para magistraturas titular y suplente del CANG ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y para su Tribunal Electoral.
Astrid Lemus, como titular, y Luis Bermejo, como suplente, ganaron esta segunda vuelta frente a Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y Melvin Portillo, un dúo con vínculos claros con Consuelo Porras, fiscal general del MP.
Las acciones contra Gámez empezaron desde una semana antes. Los abogados que presentaron el primer amparo para excluir a las ciencias afines de la votación, Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, también plantearon una acción contra ella.
El 7 de febrero, Sagastume Vidaurre acusó a Gámez de “provocar, malintencionadamente, confusión a los electores para la segunda vuelta”, en un intento por censurar a Gámez, quien se opuso a la exclusión de las ciencias afines y se pronunció en favor de su derecho al voto. Esta acción legal aún no ha sido resuelta.
La segunda vuelta
El 12 de febrero, más incidentes perturbaron el proceso.
Agentes del MP irrumpieron para realizar un allanamiento en el centro de votación del parque Erick Barrondo y en el de La Aurora. Según indicó la fiscal Leonor Morales, el operativo fue motivado por denuncias de presuntas irregularidades en la primera vuelta. Además, indicaron que el caso está bajo reserva.
Policías armados, con el rostro cubierto con pasamontañas, resguardaron las puertas de los centros, mientras los trabajadores del MP se apostaron frente a cada mesa de votación, grabando y fotografiando a los votantes. Esta acción fue calificada por varios sectores como intimidatoria.
La prensa cuestionó al candidato Estuardo Gálvez, pero negó que la actuación del MP se realizara para favorecerlo.
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció al respecto, cuestionando si el allanamiento tenía como objetivo “alterar espuriamente el resultado”.
“Lo que estamos observando no es un hecho aislado, sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de derecho”, declaró el mandatario en un comunicado publicado en redes sociales.
La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil fue convocada unas horas más tarde al parque Erick Barrondo por el diputado José Chic, para corroborar la identidad y el actuar de los agentes.
Mientras tanto, en el centro de votaciones ubicado en el Club La Aurora se reportó un corte de energía eléctrica poco después de que se iniciara el conteo de votos. El personal que estaba en las mesas continuó verificando las boletas con las lámparas de celulares y con agentes del MP grabando cada movimiento.
La exclusión de votantes
El proceso se realizó sin la participación de alrededor de 3 mil 500 colegiados activos de profesiones afines al derecho, después de que una resolución de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dejara fuera a este grupo. La CC apoyó esta estrategia denegando los amparos y quejas interpuestas por la Junta Directiva del CANG y por profesionales de las ciencias afines.
Durante la segunda vuelta, las autoridades reportaron baja afluencia en las mesas para elegir al Tribunal Electoral, votación de la cual aún podían participar. Hasta la mitad de la jornada electoral, se habían contabilizado apenas 103 votos en las mesas exclusivas de los profesionales de ciencias afines, del centro ubicado en el Club La Aurora.
“La postura de la CC, lo que hace es avalar una ilegalidad y, además, sentar un precedente en el sentido de violentar un derecho adquirido que también violenta los principios de igualdad y de no discriminación”, explicó Silvia Monzón, socióloga e integrante del Grupo de Profesionales por las Ciencias Sociales.
“Esta es una decisión más política que jurídica”, afirmó Monzón. “Y en este momento preocupa mucho lo que significa para la democracia que se violenten los derechos de una manera tan arbitraria”, agregó.
Las acciones de la Corte colocaron a los sociólogos, criminólogos y politólogos en segunda categoría, señaló la socióloga Ana Lucía Ramazzini, quien asistió a votar y a pronunciarse fuera del centro de votación del Club La Aurora, en la ciudad de Guatemala.
“En las dos últimas votaciones, el voto de las profesiones afines fue determinante. Una forma de atajar esa posibilidad fue eliminar ese derecho’’ recordó Monzón.
Las sociólogas señalaron que el ataque al derecho al voto de los colegiados de profesiones afines no se limita a esta medida, ni a este sector. Ellas ven una escalada en las acciones de las instituciones en contra del Estado de derecho a partir de esta resolución.
‘’Trataron de hacer todo lo posible para que no se diera este resultado, pero se logró. Teníamos la certeza de la victoria’’ declaró Luis Bermejo a la prensa al finalizar la convulsa elección m. Lemus no asistió al centro de La Aurora a celebrar el logro. Bermejo informó que la se encontraba bajo resguardo, aunque no especificó por qué.
Este 13 de febrero, el CANG continúa con sus eventos electorales, con la segunda vuelta para elegir a un representante para el Consejo Superior Universitario de la Usac, y de un vocal III para la junta directiva de la Facultad de Derecho.
Sin embargo, el hostigamiento no parece haber terminado. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), advirtió mediante una publicación en redes que el MP podría girar una orden de captura contra Lemus.
El MP no se ha pronunciado al respecto de esta posibilidad, ni ha dado actualizaciones sobre el operativo realizado ayer. La PNC, en cambio, anunció ayer, mediante sus redes oficiales que el procedimiento se hizo en estricto apego a la ley.
‘’PNC cumplió con su obligación legal y en ningún momento se obstruyó el proceso electoral convocado por el cuerpo colegiado, por lo que se limitó a garantizar la seguridad y el orden público’’, manifestó la institución.
