Para Impunity Watch, estas anomalías se han detectado en la designación de representantes de las universidades privadas, el corto tiempo que se dio para la postulación de aspirantes, la falta de instrumentos objetivos para la evaluación de los expedientes, así como la falta de claridad para evaluar la ético y la honorabilidad de los aspirantes. 

Entre esa anomalías está la designación de Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, como representante de la rectores en la Comisión de Postulación del TSE, debido al posible impedimento para entregarla debido a que es ministro de culto. Se presentó una acción de amparo por esta designación, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) la rechazó. 

Además, mencionaron que los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas nombraron a José González, de la Universidad de Occidente como titular y a Nery Aleu, de la Universidad Mesoamericana, en la Postuladora y que esta elección se hizo a puerta cerrada y de forma opaca, mientras que los decanos no explicaron motivos para argumentar las designaciones. 

Proceso acelerado

Para Impunity Watch, el proceso de la Comisión de Postulación del TSE se está desarrollando de manera apresurada y no se están aplicando recomendaciones realizadas por instancias internacionales para la evaluación de los expedientes. 

“La Comisión podría haber establecido un cronograma más amplio y extender el plazo de la convocatoria para que más aspirantes pudieran completar la documentación requerida, asimismo, podría ampliar el período de evaluación para poder realizar una revisión exhaustiva de los expedientes y realizar entrevistas, como lo han recomendado las misiones de observación internacional de la OEA y la Unión Europea”, dijeron.

Agregaron que hay suficientes instrumentos para una evaluación objetiva de los expedientes presentados, ya que la tabla de gradación aprobada es “muy general” y que no establece con claridad cómo se verificarán los aspectos que se contemplan en la misma. 

Mencionaron también que es importante valorar la ética en este proceso, debido a que dentro de los postulantes hay personas que han sido señaladas en casos de corrupción y que han sido sancionados a nivel internacional. 

“La Comisión no ha definido con claridad cómo se valorará la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes, lo cual es un requisito constitucional para optar al cargo, y tampoco ha establecido qué valor le dará a las objeciones o tachas que presente la ciudadanía en contra de los aspirantes.

Impunity Watch también expresó su preocupación por la poca participación de mujeres y profesionales indígenas, así como por el riesgo latente de que se den casos de criminalización contra aspirantes o que el proceso se vea judicializado.