En un comunicado, la APC-AV señaló que el hecho se produce en un contexto adverso para el ejercicio periodístico en Guatemala, particularmente en Alta Verapaz, donde se han documentado agresiones, intimidaciones y riesgos.
“Este crimen se suma a un panorama desolador para el ejercicio periodístico en Guatemala. Alta Verapaz se ha consolidado como un ‘foco principal’ de agresiones, donde los periodistas enfrentan intimidaciones. La región es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los comunicadores”, indicaron.
Cal Ical era miembro activo de la APC-AV, organización de la que había formado parte desde el año 2008.
Por esa razón exigieron al Ministerio Público y a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas realizar una investigación “exhaustiva, rápida y transparente” para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, pidieron al Gobierno implementar medidas de protección para periodistas y retomar compromisos relacionados con programas de seguridad para el gremio.
También solicitaron al Organismo Judicial garantizar la sanción de los responsables, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la criminalización contra el periodismo independiente.
“El asesinato de Carlos Humberto Cal Ical no es un hecho aislado”, indicaron, al advertir que los ataques contra la prensa afectan el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Ejecutivo se pronuncia
Karina García, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, expresó su “rotunda condena” por el asesinato de Cal Ical, asegurando que “cualquier asesinato es deleznable”.
“En el caso del periodista consideramos que cualquier tipo violencia política está atentando contra la libertad de expresión y al derecho a la información de las y los guatemaltecos”, dijo García.
Además, aseguró que las autoridades ya están trabajando en este caso y mencionó que las y los periodistas pueden hacer uso de las Política para Personas de Defensoras de Derechos Humanos.
