_{Foto: Carlos Alonzo}

En el documento, se señala que este caso constituye una forma de persecución política y un patrón de represión contra líderes indígenas en Guatemala.

Pacheco y Chaclán fueron detenidos el pasado 23 de abril por su participación en las manifestaciones pacíficas de 2023 en defensa de los resultados electorales. Fueron vinculados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Posteriormente se les añadió el cargo de asociación ilícita. Actualmente, ambos se encuentran en prisión preventiva y el proceso se mantiene bajo reserva judicial.

Según Impunity Watch, esta situación representa una clara violación a la Constitución guatemalteca, que en sus artículos 33, 45 y 66 garantiza los derechos de reunión pacífica, resistencia popular y respeto a la organización propia de los pueblos indígenas. “El caso vulnera las formas de organización indígena y criminaliza a quienes ejercieron un mandato comunal”, señala el informe.

El documento también denuncia el uso abusivo de tipos penales ambiguos, la reserva injustificada del caso y el uso excesivo de la prisión preventiva. “Se evidencia una instrumentalización del derecho penal con fines políticos, lo cual socava la democracia y la libre determinación de los pueblos”, advierte Impunity Watch.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han expresado su preocupación. El alto comisionado Volker Türk afirmó que es preocupante “el uso indebido del derecho penal para detener líderes indígenas”, mientras que la CIDH lo enmarca dentro de patrones de criminalización política ampliamente documentados.

Además, la organización recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado anteriormente la persecución penal por participación en manifestaciones democráticas. En esa línea, Impunity Watch advierte que este proceso podría constituir el delito de persecución según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“El procesamiento penal se ha convertido en un mecanismo de represalia contra el movimiento indígena que en 2023 lideró la defensa de la democracia en Guatemala”, concluye el informe. Hace un llamado a cesar la criminalización de las autoridades indígenas, respetar sus derechos colectivos y garantizar un proceso judicial justo, transparente y libre de motivaciones políticas.