Según las autoridades, aún se desconoce la cantidad exacta de pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad al momento de la tragedia. Sin embargo, se confirmó que 15 personas resultaron fallecidas y 22 fueron atendidas en diferentes centros asistenciales de la región.
El Gobierno de Guatemala decretó luto nacional de tres días por las víctimas y sus familiares, mientras que el Inacif ya identificó a las 15 personas fallecidas.
Se trata de Bernan Ezaú López Gramajo, Ranferí Alfaro López, Wilson Estuardo González Pérez, Ángel Elisandro Iboy Xitumul, Óscar Alejandro García Yucuté, Aribaldo Elmer Ichich Quej, Diego Quiejú Coché, Alexander Nájera y Nájera, Vicente Antonio Velásquez Chuc, Alex Enoc Francisco Velásquez, Lidia Marina Alonzo Cotóm, Fabio Antonio Mejía Pineda, Nancy Angelita Yantuche, Adalinda Quetzalí Pelechú Salanic y una niña de cinco años.
Entre las víctimas mortales se incluye a dos soldados de segunda del Ejército de Guatemala, Wilson Estuardo González Pérez y Aribaldo Elder Ichich Quej. El Ministerio de Defensa se pronunció por el fallecimiento de ambos miembros.
El Sistema Penitenciario también expresó sus condolencias a la familia de Ángel Elizandro Iboy Xitumul, quien fue agente de presidios durante 13 años.
Piloto permanece en custodia policial
La Policía Nacional Civil identificó a Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, como el piloto del bus, quien mostró una licencia profesional y un permiso a las autoridades para conducir la unidad.
El conductor se encuentra entre las personas que reciben atención en el Hospital de Totonicapán, pero permanece con custodia policial mientras se continúa con la investigación de los hechos. De manera preliminar, las autoridades informaron que es señalado de homicidio culposo.
La ruta Sinaloa, que se conducía a San Marcos con placas C365BRY, era marca International, modelo 1998. El pasado 8 de agosto fue publicada en el Diario Oficial una reforma en el reglamento para la prestación del servicio público de transporte extraurbano.
Con esta modificación, el gobierno eliminó la cláusula que obligaba a los transportistas a sacar de circulación a las unidades que tenían más de 25 años de antigüedad.
La nueva modalidad establece que los autobuses deben ser sometidos a una inspección en talleres mecánicos donde se certifique que las unidades están en óptimas condiciones para circular.
