La demanda exigía que el Estado de Guatemala pagara US$499 millones por la suspensión en 2016 del proyecto minero El Tambor. Este operaba en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala. El caso también es por el proyecto Santa Margarita, que funcionaba también en San Pedro Ayampuc.

En el caso del proyecto El Tambor, se mencionó que tenía licencia para la explotación de oro y plata, mientras que el de Santa Margarita tenía permiso para exploración.

Según la PGN, en el fallo emitido por CIADI se rechazó completamente el reclamo que estaban realizando los inversionistas, con lo que se evitó que el Estado tuviera que efectuar ese pago millonario. Además, se ordenó que Guatemala reciba US$379 millones 940.76 como reembolso en concepto de costos procesales. 

Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates habían demandado al Estado de Guatemala mediante la causa No. ARB/18/43.

Dichas operaciones mineras originaron la resistencia La Puya, conformada por un grupo de comunitarios que se oponían a las operaciones mineras del proyecto El Tambor.

Este grupo de personas pernoctó entre 2012 y 2016 frente a las instalaciones de la empresa minera como rechazo a esta.

En 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de forma definitiva esas operaciones mineras, mientras que la Corte de Constitucionalidad (CC) hizo lo mismo en el año 2020. 

La PGN señaló que este fallo “es un hecho histórico para el país” y que se han defendido con eficacia los intereses del Estado guatemalteco.