Aguilera agregó que la ley establece que la presidencia del TSE se rota por edad y que le correspondía a él asumir, luego de que la magistrada Blanca Alfaro ejerciera la presidencia en funciones este año. Además, mencionó que será bajo su presidencia que se entregarán los cargos de magistrados en 2026. 

“Nosotros esperamos tener la posibilidad de hacer una entrega ordenada de nuestros cargos y ahora estamos a la espera de todo lo que pueda suceder el próximo año”, dijo el magistrado. 

El amparo provisional que otorgó la CSJ que permitió a Aguilera y a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rujas y Mynor Franco retomar sus cargos fue resuelto el pasado jueves 27 de noviembre, pero la notificación se dio el viernes 28. 

“Los amparos son de efecto inmediato, entonces inmediatamente pudimos retomar nuestras labores y pues seguiremos cumpliendo con el resto de medidas sustitutivas”, dijo Aguilera. 

Sobre el caso TREP, Aguilera indicó que no se ha llegado ni siquiera a la etapa intermedia, pero que ya se presentó el acto conclusivo por parte del Ministerio Público (MP) tras la investigación realizada. 

“Nuestro mayor interés es resolver todos los aspectos judiciales, aclarar cualquier duda que pueda haber y probar nuestra inocencia, que hemos actuado siempre en el marco de la ley”, indicó. 

Aguilera dio estas declaraciones en el marco de la participación de magistrados del TSE en un evento de ONU Mujeres sobre la participación segura e igualitaria de las mujeres en el proceso electoral.

En su discurso, Aguilera señaló que en Guatemala no es posible que ocurra un fraude electoral. 

“En cada elección, el TSE traslada la tutela y la guardia del voto a la ciudadanía a través de las Junta Receptoras de Votos, todos los que participan en estas juntas son ciudadanos que lo hacen de forma voluntaria, estos ciudadanos dan fe de la transparencia, son quienes reciben y cuentan los votos, mantienen una cadena de custodia en los votos”, dijo. 

Los magistrados del TSE permanecieron suspendidos de sus cargos durante al menos dos años, luego de que fueron señalados por presuntas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).