Durante la conferencia de prensa, las actuales autoridades indígenas calificaron las detenciones como una «criminalización a la legítima resistencia pacífica de los pueblos indígenas», y señalaron que las acciones del MP constituyen «un acto de intimidación que atenta contra la dignidad y autonomía de los pueblos originarios».
“Los pueblos indígenas hemos ejercido nuestro derecho a la resistencia pacífica, consagrado en el artículo 46 de la Constitución”, recordaron los representantes, quienes enfatizaron que las movilizaciones de octubre de 2023 fueron en defensa de los derechos colectivos y de la democracia en Guatemala.
Para los 48 Cantones, los delitos atribuidos a los exlíderes constituyen un mensaje político contra toda expresión de organización indígena. “Este no es un ataque contra una persona, sino contra toda una estructura ancestral que ha luchado por la justicia y la democracia”.
La Junta Directiva también dirigió un mensaje a la fiscal general Consuelo Porras, exigiendo que cese la persecución y criminalización de los líderes comunitarios, y pidió al Procurador de los Derechos Humanos garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios. Asimismo, convocaron a la comunidad internacional a manifestarse y acompañar esta lucha.
“Advertimos que, de no atenderse nuestras exigencias con la urgencia y seriedad que amerita, los pueblos se levantarán. No permitiremos que se siga persiguiendo a nuestras autoridades”, expresó uno de los voceros.
Sobre las acciones legales a seguir, indicaron que están evaluando medidas. Insistieron en que esta defensa no es por personas individuales, sino “por los líderes que actuaron por mandato de las asambleas”.
Finalmente, hicieron un llamado a otros pueblos indígenas y a la ciudadanía guatemalteca a no amedrentarse y a unirse en la defensa de sus derechos. “La voz de los pueblos no se calla. Aquí estamos presentes”, expresaron.
Otros pronunciamientos
Diversos sectores sociales, colectivos de derechos humanos y autoridades indígenas de todo el país también rechazan las acciones de criminalización impulsadas por el MP contra quienes defendieron la democracia y la voluntad popular durante el proceso electoral de 2023.
Tanto Convergencia por los Derechos Humanos como la sociedad civil organizada en territorios como San Cristóbal Verapaz denuncian que esta ofensiva penal, dirigida contra líderes y lideresas de los 48 Cantones y otros pueblos originarios, representa un intento por socavar la organización comunitaria, castigar la disidencia y debilitar el tejido democrático.
En sus pronunciamientos, demandan al presidente Bernardo Arévalo que se mantenga firme en su compromiso con la democracia, que escuche las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que garantice que el sistema de justicia no siga siendo instrumentalizado para fines políticos y represivos.
A esta condena se suma el Consejo del Pueblo Maya, que denuncia que acusar de terrorismo a un líder indígena es terrorismo de Estado.
