La querella, presentada el 3 de febrero de 2023, señaló a Morales Lazo de presuntamente haber insertado datos falsos en documentos oficiales y judiciales, al consignar hechos no autorizados por jueces competentes en solicitudes de órdenes de captura y alertas rojas a Interpol.

Esta acción se originó del caso denominado “Cooptación y Corrupción Judicial”, en el cual detuvieron a las extrabajadoras de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo y a Siomara Sosa, por hacer peticiones en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. 

Sandoval también denunció que Morales recurrió al Juzgado de Diligencias Urgentes sin justificación, a pesar de que existía un juez contralor asignado, lo que calificó como desviación procesal. Además, afirmó que la fiscal excedió sus facultades al gestionar medidas internacionales contrarias a la Ley de Extradición y al reglamento de Interpol.

El Juzgado Duodécimo Penal de Primera Instancia Penal, que conoció la querella, resolvió el 20 de agosto de 2025 autorizar la desestimación solicitada por el Ministerio Público (MP), al concluir que no se acreditaban los elementos de falsedad ideológica ni de abuso de autoridad.

La resolución consideró que las actuaciones de la fiscal denunciada estaban dentro de sus funciones, que los antecedentes mencionados por el querellante eran ajenos y que el expediente solo contenía la querella, anexos y resoluciones de trámite, sin pruebas adicionales.

Oposición

Sandoval argumentó que la resolución es arbitraria e ilegal porque la audiencia de desestimación se realizó sin la presencia de su representante legal, a pesar de estar acreditada en el proceso.

También sostuvo que la jueza avaló afirmaciones del fiscal que no correspondían a los delitos denunciados, que no se investigaron los hechos planteados, que se omitió resolver diligencias solicitadas y que se le negó acceso al expediente dentro del plazo legal.

Entre los señalamientos agregó que se les dió valor a afirmaciones falsas sobre su permanencia en Guatemala, pese a que cuenta con asilo político, y que intervinieron fiscales de distintas unidades sin justificación.

Sandoval sostiene que la resolución vulnera los artículos 12 y 251 de la Constitución, el Código Procesal Penal y la Convención Americana de Derechos Humanos, configurando una denegación de justicia.

En el documento, el exjefe de la FECI señala que la Fiscalía de Asuntos Internos, alegando razones de seguridad, se negó a trasladar información sobre los puestos que Morales desempeñó en el MP.