En un pronunciamiento publicado en su página de Facebook, Morales Aguilar aclaró que fue asignado por el relator titular de la región sur de la OPT, Alfredo Sánchez Chinchilla, para realizar la verificación de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”. 

Según el subdelegado, la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt emitió una orden de carácter obligatorio. 

“Por lo que mi actuar es en el marco legal de mis funciones y pleno cumplimiento a lo que me fue requerido judicialmente. Nunca puedo, como subdelegado, emitir ni sugerencias ni recomendaciones a un órgano jurisdiccional”, afirma la publicación de Morales Aguilar. 

El funcionario rechazó tener una vinculación política con la UNE, pese a que, según los registros públicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue financista entre los años 2021 al 2023. 

“Aunque sí fui candidato en las elecciones pasadas en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, me desligué del mismo (UNE) una vez finalizadas las elecciones en 2023, por lo que no soy más el responsable político de ese partido”, aseguró. 

Morales Aguilar aseguró que no está afiliado a ninguna agrupación política, lo cual se puede constatar en la página del TSE. 

El informe de la OPT, entregado a la comisión de Derechos Humanos del Congreso, está firmado por Morales Aguilar. En el mismo se destacan una serie de incumplimientos que, a criterio de la OPT, el Sistema Penitenciario (SP) tiene sobre la estancia de “El Lobo” en la cárcel de máxima seguridad Renovación I. 

Dicho informe habría dado insumos para que la jueza Batún Betancourt, diera un plazo de 24 horas al SP para trasladar al líder de la mara 18 a la prisión de Fraijanes II, una cárcel de menor seguridad. 

“El Lobo” enfrenta condenas que suman más de mil años de prisión por delitos graves en los que destacan asesinato, asociación ilícita y femicidio. También es esposo de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata a la presidencia de la UNE, Sandra Torres.