La CIDH presentó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de noviembre de 2025. En este se denunció que a Ana Vilma Díaz Lemus, Vilma Tatiana Cabrera Alvarado, Estela Bailey Beltetón y Claudia Lissette Escobar Mejía y Helen Beatriz Mack Chang se les vulneraron sus derechos políticos y de garantías judiciales durante el proceso de selección de magistrados en 2014.
La CIDH determinó que, durante dicho proceso, las Comisiones de Postulación aplicaron criterios de evaluación de manera desigual. También que modificaron puntajes mínimos sin justificación y “actuaron sin motivar adecuadamente sus decisiones, afectando la transparencia, imparcialidad e igualdad de condiciones de las personas candidatas”.
Ana Vilma Díaz Lemus, Vilma Tatiana Cabrera Alvarado, Estela Bailey Beltetón, Claudia Lissette Escobar Mejía presentaron sus candidaturas para esta elección y, a pesar de tener calificaciones elevadas, no fueron incluidas en el listado que fue remitido al Congreso guatemalteco.
Helen Mack participó como observadora y presentó recursos ante la Corte de Constitucionalidad, los cuales fueron rechazados.
“La CIDH concluyó que el Estado no garantizó un proceso de selección basado en mérito y capacidad profesional, e incumplió normativa interna y estándares internacionales”, explica el comunicado.
Agregan que las postuladoras no argumentaron sus decisiones y faltó claridad en los criterios de evaluación. Por esto, la CIDH determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la independencia judicial, las garantías judiciales, el derecho a acceder a funciones públicas en igualdad de condiciones y el derecho a la protección judicial.
Se solicitó a la Corte Interamericana que se ordene al Estado guatemalteco estas medidas de reparación:
- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo compensación económica, satisfacción y un acto público de disculpas a las víctimas.
- Iniciar procedimientos administrativos y penales para investigar y sancionar a las personas responsables de las irregularidades en el proceso de selección.
- Adoptar medidas de no repetición, garantizando que los procesos de selección y nombramiento de magistradas y magistrados se realicen conforme a estándares interamericanos.
