La Junta Directiva del CANG señaló que el proceso electoral de 2023 “se encuentra concluido y oficializado” por el TSE mediante el Decreto 5-2023, y recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC), en una resolución del 14 de diciembre de 2023, estableció que ninguna autoridad judicial o administrativa puede impedir la finalización o efectos del proceso electoral.
Según el gremio de abogados, las acciones del juez Orellana representan “un nuevo intento para desconocer los resultados” de las elecciones, lo que calificó como una reincidencia en la “amenaza constitucional” contra la vigencia del amparo otorgado por la CC y una violación a los principios de supremacía constitucional, independencia del TSE y separación de poderes.
Ante ello, el CANG exhortó a la CC, como garante del orden constitucional, a actuar con “firmeza, independencia y responsabilidad institucional”. Además, reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y llamó a las instituciones públicas a respetar los principios de legalidad y supremacía constitucional.
En los oficios que el juez Orellana envió al Congreso el pasado viernes, se dio un plazo de dos horas al Registro de Ciudadanos del TSE y que de lo contrario se certificaría lo conducente contra quien o quienes resulten responsables por el incumplimiento de lo ordenado.
Luego de que Orellana emitió la orden judicial, miembros del partido Movimiento Semilla y abogados constitucionalistas solicitaron una debida ejecución de la CC del amparo que se otorgó en definitiva para que se respetaran los resultados electorales obtenidos en el proceso de 2023.
Destitución de Orellana
Ayer, en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución de Orellana como juez de primera instancia. Además, señaló que, junto con la fiscal general Consuelo Porras, Orellana es parte de una estrategia para hacer un golpe de Estado en Guatemala.
Arévalo dijo que se solicitó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, amparada en la Carta Democrática Interamericana, para denunciar ante la comunidad internacional estos hechos.
